El borrador, impulsado por la diputada Romina Diez y respaldado por sectores del Ejecutivo, introduce una serie de novedades: beneficios fiscales para nuevas contrataciones, mayor flexibilidad en los contratos de trabajo, la habilitación de convenios por empresa o rama de actividad con menos rigidez que los actuales, y la redefinición de prestaciones o “beneficios sociales” que no estarán integrados en la remuneración tradicional.
Entre los puntos más destacados, se propone modificar el principio de “prelación”, que hoy impide que un convenio por empresa pueda tener condiciones menos favorables que el convenio de actividad. Según fuentes del sector empresario, esta medida permitiría “activar salarios dinámicos” sujetos a productividad o rendimiento individual.
El Gobierno sostiene que la reforma no eliminará derechos laborales, incluyendo la indemnización por despido sin causa, y que su meta es generar empleo formal y de calidad en lugar de precarización.
El plan enfrenta resistencias desde los sindicatos como la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya dirigencia advirtió que este tipo de iniciativas replican fragmentos del polémico decreto 70/23 y podrían debilitar los derechos laborales colectivos.
Con el respaldo político conseguido tras las recientes elecciones legislativas, el Gobierno confía en que tendrá el espacio parlamentario necesario para avanzar. Sin embargo, el camino legislativo aún requiere acuerdos y negociaciones para su aprobación.
Con información de Infobae
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