“Estamos trabajando hace tiempo de manera conjunta con la Policía Militar y la Policía Civil brasileña. En este momento se está desplegando un operativo en toda la frontera, que durará varios días”, explicó Martínez en diálogo con Radio República.
El jefe policial detalló que estos operativos se realizan de forma programada cada tres o seis meses y que el objetivo principal es controlar ingresos y egresos de personas y mercaderías, además de compartir información sobre personas buscadas entre ambos países.
“El delito no tiene frontera, y nosotros tampoco debemos tenerla, siempre respetando la soberanía de cada Estado”, subrayó Martínez.
El plan contempla patrullajes preventivos, controles vehiculares y vigilancia en zonas rurales y fluviales, coordinados a través de canales de comunicación inmediata y cooperación diaria entre las fuerzas de ambos lados de la frontera.
La Policía de Misiones incorporó tecnologías de vigilancia de última generación, como drones, monitoreo satelital y comunicación en tiempo real, para optimizar la capacidad operativa y la respuesta ante delitos transnacionales.
En el operativo participan las Unidades Regionales II, VI, VII, XI, XII y XIV, que despliegan personal, móviles y recursos logísticos en los principales corredores fronterizos.
Respecto a los controles recientes, Martínez confirmó la detención de ciudadanos brasileños sin documentación. “No habían ingresado por un paso habilitado y carecían de documentación física. Fueron demorados, fichados y puestos a disposición del consulado, que emitió un salvoconducto para su regreso”, detalló.
Consultado sobre la relación entre el narcotráfico y los delitos comunes, el jefe policial fue claro: “Directa o indirectamente, siempre hay algo relacionado con estupefacientes, sobre todo en los delitos contra la propiedad”.
Advirtió además que “el que esté consumiendo o fumando marihuana en la vía pública será detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal”, recordando que la tenencia para consumo sigue vigente como delito, salvo los casos con autorización médica en ámbitos privados.
Ante consultas ciudadanas, Martínez recordó que cualquier comisaría está obligada a recibir denuncias contra policías activos o retirados, y que la Dirección de Asuntos Internos también puede recibirlas directamente. “Se tomarán las denuncias y se iniciarán las acciones correspondientes”, aseguró.
Sobre los casos recientes de suicidios en la institución, el jefe policial manifestó su preocupación: “Nos ha impactado profundamente. Se trató de dos jóvenes con menos de cinco años de servicio. No se habían detectado alertas previas”.
Explicó que se trabaja junto a gabinetes psicológicos, capellanes y organismos del Estado, y que dispuso visitas personalizadas a los domicilios de los efectivos por parte del cuerpo de capellanes.
Martínez, abogado de profesión, destacó la importancia de la formación universitaria dentro de la fuerza y la creación de la Dirección de Defensa Letrada, integrada por abogados policiales que brindan asistencia jurídica a los efectivos.
En relación con la sindicalización policial, fue categórico: “No creo que el policía deba agremiarse. La institución tiene mecanismos internos para canalizar reclamos, como las mutuales y círculos de oficiales y suboficiales”.
En cuanto a los salarios, señaló que un agente policial percibe entre un millón y un millón doscientos mil pesos, dependiendo de la zona, y que existen adicionales por servicios y horas extra.
El jefe de Policía reiteró el compromiso con la educación vial en escuelas y recordó la intervención en la tragedia de Campo Viera: “Vi a mis policías cortarse las manos y dislocarse un brazo para salvar vidas. Ese compromiso es lo que me da orgullo y esperanza en nuestra institución”, concluyó.
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