Luego de permanecer nueve días internada en estado crítico, este jueves se confirmó el fallecimiento de Laura Esther Delmas, de 63 años, la mujer que el pasado 6 de enero se había prendido fuego dentro de la comisaría de Campo Grande. La víctima había sufrido quemaduras de extrema gravedad en al menos el 35% de su cuerpo y se encontraba alojada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Samic de Oberá, donde finalmente murió.
El hecho generó una fuerte conmoción en toda la provincia, especialmente luego de que trascendieran las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la dependencia policial. En el registro se observa que Delmas ingresó al edificio alrededor de las 6:37, se detuvo frente a una puerta y fue consultada por una oficial sobre el motivo de su presencia. En ese instante, la mujer alcanzó a decir: “por lo que ustedes le hicieron a mi hijo”, antes de accionar un encendedor y provocar el incendio sobre su propio cuerpo.
Con el correr de las horas también se supo que, antes de ingresar a la comisaría, la mujer se había rociado con alcohol, lo que aceleró de manera inmediata la propagación de las llamas y agravó el cuadro clínico.
En declaraciones a la prensa, Nicolás, uno de los hijos de la víctima, expresó su desconcierto y dolor por lo ocurrido. “El motivo realmente lo desconozco. Sé que estaba triste por lo que le había sucedido a mi hermano. Sí estaba mal por la muerte de mi viejo hace diez años, pero nunca tan mal como para hacer esto”, señaló.
Respecto al episodio que involucró a su hermano —quien al momento del hecho ya se encontraba en libertad— afirmó que la detención fue confusa y apresurada. “El motivo es raro: salió en un video peleándose y a los dos días una jueza actuó de oficio y lo llevaron preso el fin de semana. Estuvo en la comisaría ese fin de semana”, explicó. Además, denunció que su hermano habría sido golpeado por otros detenidos durante su estadía en la seccional.
La Justicia continúa investigando las circunstancias del hecho y el accionar policial previo, en un caso que reavivó el debate sobre los procedimientos de detención, el trato a personas privadas de la libertad y la contención institucional ante situaciones de extrema vulnerabilidad.