La Justicia de Corrientes condenó a un integrante de la Policía provincial por haber cobrado de manera indebida una supuesta infracción de tránsito a través de una transferencia realizada a su cuenta personal de Mercado Pago.
La sentencia fue dictada luego de la homologación de un acuerdo de juicio abreviado pleno por parte del juez de Garantías sustituto, Alfredo Emanuel Aguirre.
El hecho ocurrió en septiembre de 2025 y tuvo lugar en un puesto de control vial ubicado sobre la Autovía Gervasio Artigas, en jurisdicción de la localidad correntina de Mocoretá.
Cómo ocurrió el hecho
De acuerdo con la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, el policía, identificado como Cabo Primero Lizazoain, detuvo a un conductor que circulaba en un automóvil Chevrolet y le exigió el pago de una supuesta multa por infracción de tránsito.
Según la investigación, el efectivo recibió una transferencia de 50.000 pesos directamente en su cuenta personal de Mercado Pago, dinero que fue abonado por la víctima bajo la creencia de que se trataba de una sanción oficial.
Para la Fiscalía, el uniformado actuó abusando de su función pública y obtuvo un beneficio económico indebido.
La condena
Durante la audiencia realizada este martes, el acusado aceptó los términos del acuerdo alcanzado junto a sus defensores y reconoció los hechos atribuidos.
El Ministerio Público Fiscal calificó la conducta como el delito de exacciones ilegales, previsto en el artículo 266 del Código Penal.
Tras verificar la conformidad del imputado, el juez homologó el acuerdo y dictó la condena correspondiente.
La pena impuesta fue de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso, un año de inhabilitación especial para ejercer funciones vinculadas al cargo y una multa de 100.000 pesos.
Además, deberá cumplir reglas de conducta durante un período de dos años, conforme a lo establecido por el artículo 27 bis del Código Penal.
Investigación en Mocoretá
La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Mocoretá, representada por el fiscal subrogante Ricardo López Ruíz.
El caso generó repercusión debido a que el cobro irregular se realizó mediante una plataforma digital de uso masivo, utilizando una cuenta personal del funcionario policial para recibir el dinero.
Con la homologación del juicio abreviado, el expediente quedó concluido y la condena adquirió validez judicial.