El juez federal aceptó el pedido de la defensa del exjefe de Gabinete y extendió el plazo para responder las 20 observaciones formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita. La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito y diferencias entre ingresos, gastos y movimientos patrimoniales

El juez federal Ariel Lijo concedió a Manuel Adorni una prórroga de 15 días para que presente las explicaciones y documentación requeridas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La defensa había solicitado más tiempo para acceder y analizar elementos incorporados al expediente antes de responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita.

El plazo original vencía durante las primeras horas de este miércoles 26 de agosto. Con la decisión de Lijo, el exjefe de Gabinete contará ahora con otros 15 días para justificar distintos aspectos de su evolución patrimonial.

La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, había planteado que todavía no pudo revisar en profundidad determinados archivos, conversaciones y documentación utilizados por la Fiscalía para elaborar el requerimiento.

Entre esos elementos se encuentra información obtenida del teléfono de Matías Tabar, contratista que realizó trabajos en una propiedad vinculada con Adorni en el country Indio Cuá.

Según fuentes judiciales citadas por MDZ, Lijo hizo lugar al planteo “en resguardo de la garantía del derecho de defensa y su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados al objeto procesal”. El magistrado también autorizó el acceso a copias de los archivos requeridos.

El pedido de explicaciones surgió después de un análisis patrimonial que comparó declaraciones juradas, movimientos financieros, bienes, gastos, deudas y distintas operaciones correspondientes a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

De acuerdo con el dictamen fiscal, entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional como vocero presidencial, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que formalizó su renuncia como jefe de Gabinete, se acreditaron ingresos por $229.752.283,20 y gastos por $272.820.832,20.

La diferencia entre ambos montos asciende a $43.068.549 y forma parte de los puntos sobre los que la Fiscalía pidió documentación y explicaciones al exfuncionario.

La investigación también analiza operaciones en moneda extranjera por aproximadamente US$402.578,12. Dentro de ese conjunto se encuentran movimientos vinculados con una propiedad en el country Indio Cuá, un departamento ubicado en la calle Miró, mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior.

Otro de los puntos centrales corresponde a US$245.000 que, según testimonios incorporados a la causa, habrían sido abonados en efectivo a Tabar por trabajos de remodelación en la vivienda de Indio Cuá.

Pollicita también solicitó explicaciones sobre dólares declarados bajo el concepto de venta de activos, la adquisición de un vehículo Jeep, préstamos familiares mencionados como fuentes de financiamiento y otros gastos y compras.

Las operaciones con criptomonedas integran otro capítulo del requerimiento. Adorni había señalado que contaba con ahorros provenientes de inversiones en bitcoin realizadas antes de asumir funciones en el Gobierno. La Fiscalía busca determinar el origen del capital utilizado, su evolución y su correspondencia con las declaraciones patrimoniales presentadas.

También se encuentran bajo análisis consumos efectuados con tarjetas de crédito de terceros, acreditaciones bancarias y movimientos cuya procedencia deberá ser explicada durante esta etapa.

Una vez que Adorni presente su justificación, Pollicita deberá evaluar si la documentación aportada permite aclarar las inconsistencias señaladas en el expediente. Si considera insuficientes las respuestas, podrá solicitar al juez Lijo nuevas medidas, entre ellas una eventual declaración indagatoria.

Con información de MDZ.