El dictamen no implica un sobreseimiento. Según la Fiscalía, no pudo descartarse que el capital cuestionado hubiera sido obtenido antes de la llegada de Adorni al Poder Ejecutivo, aunque subsisten indicios sobre ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales que podrían haber permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años.
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y el planteo deberá ser analizado ahora por el juez Ariel Lijo. La investigación examinó el patrimonio del entonces funcionario entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
La Fiscalía había detectado erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 habrían sido abonadas en efectivo. También señaló una diferencia de $43.068.549 entre ingresos lícitos comprobados y gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos durante el período analizado.
Entre los desembolsos relevados aparecen la compra de un lote en el Country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
De acuerdo con el dictamen, parte de esas operaciones se habría realizado fuera del sistema bancario o mediante terceros.
Adorni respondió a la intimación patrimonial con una explicación centrada en inversiones previas en Bitcoin. Su defensa sostuvo que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, realizó compras por cerca de USD 200.000 y posteriormente liquidó esos activos por USD 591.544,61, que habría conservado en efectivo.
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con las pruebas disponibles. La relevancia jurídica radica en que el delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento patrimonial apreciable e injustificado ocurra después de asumir un cargo público.
La Fiscalía ordenó además una verificación criptográfica de las ocho direcciones aportadas por la defensa. El procedimiento determinó que las claves privadas se encontraban bajo control de la defensa de Adorni al momento de la diligencia y podían generar firmas digitales válidas.
También se comprobó que las direcciones tuvieron actividad entre 2014 y 2018 y que actualmente no tenían saldo.
Sin embargo, un informe técnico de la Policía Federal Argentina advirtió que la cadena de bloques no permite determinar quién controló una billetera en un momento específico ni desde cuándo una persona tuvo acceso a una determinada clave privada.
De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas y los restantes estarían vinculados con servicios del exterior cuyos plazos de conservación de información ya habrían vencido.
Para la Fiscalía, esas limitaciones impiden comprobar de manera definitiva el relato presentado por Adorni, aunque tampoco permiten descartarlo.
El dictamen reconstruyó además los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
Según los registros de ANSES y ARCA mencionados en el expediente, las remuneraciones acumuladas de ambos, convertidas a dólares al tipo de cambio oficial promedio de cada año, alcanzaron aproximadamente USD 335.000 hasta 2014 y unos USD 493.000 si se extiende el período hasta 2018.
Los registros cambiarios también consignaron compras conjuntas por USD 60.983 entre 2011 y 2014, cifra que ascendía a USD 83.472 al incluir 2015.
La Fiscalía aclaró que esos datos no demuestran por sí solos que la inversión en criptoactivos se haya realizado ni permiten reconstruir todos los gastos familiares. No obstante, consideró que ubican esa posibilidad dentro de una escala económica que no podía ser descartada.
El dictamen mencionó además la venta por USD 50.000 de un inmueble heredado en La Plata como otra fuente documentada de divisas durante el período investigado.
Pese a considerar que no existen elementos suficientes para mantener la hipótesis de enriquecimiento ilícito, Pollicita detectó posibles irregularidades tributarias.
Según el documento, la propia defensa reconoció que parte de la información incluida posteriormente en declaraciones juradas rectificativas correspondía a cuestiones que antes no habían sido declaradas y que determinados ahorros familiares se mantuvieron fuera del sistema bancario.
Por ese motivo, el fiscal pidió que el expediente pase al fuero Penal Económico para determinar si existieron conductas vinculadas con una posible evasión tributaria.
Con información de Infobae.
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