El Presidente Mauricio Macri modificó la resolución 727/06 (de la exministra Nilda Garré) y se derogó el decreto 1691, firmado por Néstor Kirchner, que restringía la actuación de las Fuerzas Armadas.

Hasta antes de estas modificaciones, las Fuerzas Armadas solamente podían actuar en caso de ataques externos provenientes de otras fuerzas respaldadas por otro Estado. Ahora, el nuevo decreto amplía su participación a la seguridad interior. Es decir,  no solo podrán reprimir un ataque externo de otro Estado, sino también involucrarse en conflictos de índole social que ocurran dentro del país, provocados por cualquier otro grupo –no necesariamente armado- y que responda a intereses particulares.

El problema legal

La ley 24.059 (Ley de Seguridad Interior) promulgada en el año 1991 establece explícita y taxativamente que las fuerzas armadas no deben cumplir tareas que tengan como propósito garantizar la seguridad interior en nuestro país, salvo excepcionalidades y siempre tomando como medida previa, la declaración del estado de sitio. Que la hace el Presidente de la Nación en casos extraordinarios (donde se altere con gravedad la paz social o ante una invasión extranjera), e implica que queden en suspenso las garantías constitucionales. Esta ley, en su artículo 8, dice que será la gestión civil y política (teniendo a su cargo a fuerzas también civiles) la que se encargue de garantizar un adecuado nivel de seguridad interior.

La Ley de Defensa Nacional, que es el marco que diagrama las funciones de las Fuerzas Armadas (el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Argentina) se sancionó en el año 1988, durante el primer gobierno democrático que le prosiguió a la última dictadura militar Argentina; la idea siempre fue no volver a esa parte tan oscura de la historia de nuestro país.

Incluso derogando el decreto 927/2006 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas para uso de Seguridad interior, podría entrar en contradicción con las dos leyes anteriormente mencionadas.

Por su parte, diferentes juristas de nuestro país ya advirtieron que la materia de este decreto es específica del Congreso,  por lo que en realidad debería enviar el proyecto para que se trate sobre tablas. Además, se adelantó que el mismo Congreso podría declarar su ilegalidad manifiesta.

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también tuiteó al respecto:

Chiques, creemos que se viene la lluvia de amparos y pedidos de declaración de ilegalidad para todos, todas y todes.

La justificación

Dicen desde el gobierno de Macri que los ataques externos a un país pueden venir de grupos que no necesariamente son Estados y pueden constituir grupos terroristas o narcotraficantes. El ejemplo más claro es el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), del que incluso el gobierno nacional sospecha que tiene actividades en la Triple Frontera. Por eso, sería válido reforzar la seguridad interna de nuestro país, ante la inminencia de agresiones externas.

El nuevo decreto, además, incorpora una nueva doctrina mundial que se impone ante ataques terroristas. Así, limita el accionar de los militares a «Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones en el Marco de la ONU u otros organismos internacionales; Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional».

Por otro lado, se deja en claro que las FFAA no estarán por encima de las fuerzas de seguridad para evitar todo tipo de objeciones. Así, se señala que «se considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad».

El Ministro de Defensa, Oscar Aguad, intentó poner paños fríos al revuelo que se armó, sobre todo aquellos que temen la militarización del Estado al mejor estilo Corea del Norte. «No van a ir a ninguna ciudad del país; para nada, jamás se nos ocurrió pensar en una hipótesis de esa naturaleza. Ese es un problema de las fuerzas de seguridad», remarcó el funcionario en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

A partir de la reforma que promulgó Mauricio Macri, «lo que ahora se permite es que las Fuerzas Armadas actúen frente a cualquier ataque de origen externo, que puede ser perpetrado por un Estado o por nuevas organizaciones vinculadas al terrorismo y al narcotráfico«, explicó.

“Como ha desaparecido esa posibilidad de que nos ataque otro país, hoy las Fuerzas Armadas no tenían sentido de ser. Entonces nosotros ampliamos [la facultad de intervenir] contra grupos terroristas y narcos”.

Los detractores del decreto dicen que sería una vuelta a la militarización del país y que Macri busca acallar las voces que salen a reclamar a las calles; sobre todo, los sindicatos de grandes vehículos.

En resumen

La intención es buena, no es la acertada en un país con heridas aún sin cicatrizar, pero es buena. El asunto es jurídico, están flojitos de papeles los muchachos de Cambiemos y el Congreso (o un Juez) podrían volver todo esto a foja cero en un plumazo. Después de todo, no podemos darle poder a alguien solamente por sus buenas intenciones como hicimos los argentinos en las elecciones de 2015.