Se va de la presidencia de la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) Ricardo Lorenzetti y el cuerpo decidió que su reemplazante fuera Carlos Rosenkrantz, quien es juez del máximo tribunal desde el 22 de agosto de 2016, postulado por Mauricio Macri para completar una de las dos vacantes que había en su momento. La votación para designarlo fue a su favor por 4 a 1. Elena Highton de Nolasco será la vicepresidenta. Lorenzetti seguirá como ministro del máximo ente de justicia del país; en algún momento, Lilita Carrió dejó trascender sobre las «aspiraciones políticas» del hombre que estuvo detrás del nuevo Código Civil y Comercial.

Rosenkrantz es un abogado de 59 años recibido con honores en la UBA, que cuenta con un magister y un doctorado en Derecho de la Universidad de Yale. Es el primer ministro de la Corte Suprema de origen judío de la historia argentina. Reemplazará a Lorenzetti al frente del máximo tribunal desde el 1 de octubre.

Hasta su designación como juez del máximo tribunal se desempeñaba como rector de la Universidad de San Andrés. Antes fue profesor en la New York University; en la Richmond School of Law, en la Denver University, en la Universitat Pompeu Fabra, España y en la UBA.

Identificado fuertemente con el radicalismo, en 1984 ofició como asesor para el Consejo para la Consolidación para la Democracia, junto al expresidente Raúl Alfonsín, y fue discípulo del destacado jurista y filósofo Carlos Nino.

Trabajó en normas de relevancia institucional, como «las que abolieron la censura establecida por la dictadura militar, las que reformaron el Código de Justicia Militar para permitir el enjuiciamiento de los crímenes cometidos por las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983 y el decreto que mandó a enjuiciar efectivamente a los Comandantes de las Juntas».

Como rector de la Universidad de San Andrés, cargo que asumió en 2008, apoyó la creación del «Centro de Estudios Anticorrupción», que actualmente lidera Manuel Garrido. Y escribió el prólogo del libro Cosa juzgada fraudulenta, de Federico Morgenstern, un ensayo sobre la cosa juzgada írrita, figura jurídica que podría aplicarse para reabrir casos de corrupción que fueron cerrados.

En ese texto, que da fundamento jurídico al juzgamiento de hechos de corrupción que fueron cerrados de manera irregular, advierte que para avalar esa teoría –que relativiza el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho- es fundamental que «el imputado haya sido responsable por la defraudación en el juicio».

«La participación del imputado en el fraude que socava el proceso debería determinar las condiciones de aplicación de la doctrina de la sentencia írrita», alerta Rosenkrantz. Y agrega: «Para Morgenstern la doctrina de la cosa juzgada írrita debería ser ampliamente usada siempre que, por un lado, la ‘exploración judicial no se (hubiera encaminado) a la búsqueda de la verdad sino a rescatar y sobreseer a quien fue objeto de una hipótesis delictiva plausible’ y, por el otro, el nuevo proceso no somete al imputado a un doble riesgo de pena. En los casos donde en el primer juicio no se colocó al imputado en un efectivo riesgo de sanción, según este autor, la ‘respuesta normativa debería ser que no hubo juicio’ anterior y que, por lo tanto, ‘el ne bis in idem no es invocable'».

Antes de asumir como juez, Rosenkrantz había dado algunas definiciones importantes sobre lo que esperaba que fuera su trabajo en la Corte. Una de las más destacadas fue sobre lo minucioso que debe ser el trabajo de los magistrados: «Deben entender que el rol de sentenciar es diferente al papel de un árbitro en un juego. El árbitro decide sin dar razones. Esto es muy importante. Es decisionismo puro: decide y resuelve los conflictos. Un juez tiene que decidir, sin duda, pero también debe construir y hacer inteligible el principio por el cual toma esa decisión, para que ese principio sea utilizado en otras decisiones. No basta con decidir. Es necesario dejar en claro que se decide en base a ciertos principios».

Al respecto, profundizó: «La práctica de la abogacía me dio algo que es también importante y es el aprecio por los argumentos finos. Darte cuenta que muchas veces los argumentos finos son importantes, y que los hechos importan muchísimo. Es una de las cosas en las que más creo. Para decidir los casos lo que hay que ver son los hechos. La interpretación de los hechos es algo que nuestra tradición educativa no ha enfatizado».

¿Cómo votó Rosenkrantz en los casos más polémicos que llegaron a la Corte?

Aquí, un repaso por sus votos en algunos de los fallos más controvertidos.

Carlos Rosenkrantz tuvo una activa participación en uno de los fallos de la Corte Suprema más controvertidos de los últimos tiempos. El juez dio su voto para la mayoría requerida en el fallo que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en los casos que juzgan delitos de lesa humanidad.

En mayo de 2017, la Corte, con el voto de su flamante titular decidió aplicar la ley «del 2×1» en un caso de un represor condenado por delitos de lesa humanidad, aunque el beneficio fue derogado antes de que los represores fueran liberados.

El fallo otorgó el beneficio al represor Luis Muiña aun cuando el proceso judicial en su contra y su detención fueron posteriores a la derogación de aquella ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme.

La decisión, que fue dictada con la disidencia de Lorenzetti, fue la confirmación de un cambio de paradigma frente a los crímenes del terrorismo de Estado.  Tuvo una mayoría ajustada de tres votos. En esa ocasión la integraron los dos jueces nombrados por Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Rosenkrantz, más Elena Highton de Nolasco.

Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, en un intento por sostener la línea de sus sentencias de los últimos años en casos de lesa humanidad.

Pero habría sido Rosenkrantz, ex rector de la Universidad de San Andrés, abogado de empresas, integrante del estudio que manejó importantes clientes corporativos como el Grupo Clarín, dentro de ella Cablevisión, o la Sociedad Rural, miembro de la Corte más afín a Cambiemos, quien advirtió la existencia de este caso y la necesidad de fundamentar una decisión, que terminó en casi un escándalo.

Sindicalización policial

El voto de Rosenkrantz también aparece junto al de la mayoría en otro fallo polémico, negando la sindicalización policial. La Corte determinó que la policía bonaerense no puede sindicalizarse y rechazó la pretensión de anotarse en el Ministerio de Trabajo. La sentencia llevó la firma de Rosenkrantz, esa vez junto a Lorenzetti y Highton, mientras que Rosatti y Maqueda votaron en disidencia.

Caso Nisman

Rosenkrantz también votó junto a sus colegas que la causa sobre la muerte de Alberto Nisman debía pasar al fuero federal, poniendo fin a un conflicto de competencias y dando paso a una nueva etapa de la causa por la muerte del fiscal.

Tarifazos

Meses atrás, la Corte resolvió que la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal, señalada como la más afín al Gobierno, fuera la que examinará la validez del cuadro tarifario de gas de 2017. En este caso, Rosenkrantz votó a favor de esa Cámara muy cercana a Cambiemos para que se expida sobre los brutales aumentos de luz del año pasado.

Jueces más allá de los 75 años

En otro tema polémico, Rosenkrantz votó en contra de restablecer el límite de los 75 años para ejercer funciones.

Él se apartó de la mayoría en marzo de 2017 cuando con la firma de tres de sus cinco integrantes, la Corte Suprema revirtió lo que había dicho 18 años atrás -con otros miembros- y convalidó a cláusula de la reforma constitucional de 1994 según la cual todos los jueces deben ser ratificados por el Senado para seguir en sus cargos al cumplir los 75 años de edad.

La decisión fue tomada en una causa iniciada por el camarista federal de La Plata Leopoldo Schiffrin. Lo dispuesto por la Corte no alcanzó a la jueza Highton, que ya había obtenido un fallo favorable en el fuero Contencioso Administrativo y que quedó firme porque no fue apelado por los abogados del Estado.

 

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