El proyecto ley de financiamiento político, que viene dando que hablar, tendrá una última oportunidad el 10 de abril. Es la fecha prevista para tratarlo nuevamente en el recinto del Senado. Luego de que el debate volviera a la instancia de comisiones, Cambiemos y el PJ firmaron dictámenes por separado.
Aún sin un acuerdo cerrado, el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos se votaría el 10 de abril. El Senado volverá a tratar la iniciativa ese día en el recinto, según se resolvió este miércoles en un nuevo plenario de comisiones, donde se firmaron al menos dos dictámenes diferentes.
Cambiemos y el interbloque peronista Argentina Federal no pudo llegar a un consenso en torno a los aportes de las asociaciones sindicales, patronales y profesionales a las campañas electorales. Es una prohibición que rige actualmente y el oficialismo quiere mantenerla, pero la bancada liderada por Miguel Pichetto propone levantarla.
Es por eso que el rionegrino buscó este miércoles evitar el debate, previo a la sesión informativa de Marcos Peña, para que el tema vuelva a comisión y se puedan poner de acuerdo. Acá es donde se vienen los cambios y hay una propuesta de los senadores integrantes del Bloque Misiones, Maurice Closs y Maggie Solari Quintana.
Los misioneros propusieron un agregado para que “el juez federal con competencia electoral correspondiente” ordene “la inmediata publicación de la lista de los 20 aportantes más relevantes” de cada uno de los candidatos en cada distrito “a través de los servicios de comunicación audiovisual”. Además, se deberá incluir la “lista de los aportantes de cada uno de los candidatos en cada distrito ordenados por monto”, y que la “información se divulgará los siete días previos a la fecha fijada para la realización” de la elección.
El justicialista Rodolfo Urtubey propuso que toda discusión se resuelva en la votación en particular en el recinto, el próximo 10 de abril.
El proyecto en debate establece que tampoco pueden aportar a las campañas electorales las empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas; las personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar; y los gobiernos o entidades públicas extranjeras, entre otros sujetos.
La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos tiene como objetivo principal bancarizar todos los aportes de la campaña, para que haya mayor transparencia y registro. Además, habilitaría las donaciones de empresas que, en el caso de ser privadas, sólo podrán financiar el 2% de todos los gastos realizados antes de las elecciones. A su vez, se reduce del 10% al 5% el porcentaje de publicidad que dan los medios de comunicación.
