El Senado dio media sanción a la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que habilita el aporte de las empresas a las campañas electorales. Con 47 votos a favor y solo 2 en contra, el acuerdo sellado entre el oficialismo y el peronismo federal destrabó y dio vía libre a uno de los proyectos que desvela a la Casa Rosada y que ahora deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados.

La votación. (Senado de la Nación)

Los peronistas federales realizaron una defensa de su dictamen de mayoría, que incluía la posibilidad de habilitar a los sindicatos y asociaciones profesionales para que puedan aportar (igual que las personas jurídicas) a las campañas electorales.

Sin embargo, Cambiemos bloqueó la iniciativa que requiere de una mayoría especial. Los senadores del kirchnerismo no participaron del debate sobre el proyecto –que en principio figuraban en la lista de oradores— ni en la votación.  “Pino” Solanas y Magdalena Odarda calificaron el proyecto del Gobierno nacional como “la privatización de la política”.

Qué dijeron los Senadores

A su turno, el senador misionero, por el Frente Renovador de la Concordia, Maurice Closs afirmó: “Si la patronal puede aportar también se debiera permitir que el sector del trabajo lo haga”.

El justicialista Dalmacio Mera señaló: “Lo que más nos motivó no es el hecho de que puedan aportar los privados, sino la idea de dar transparencia y trazabilidad; de que cada peso que pone un particular sepamos quién lo puso, cuándo y dónde, y el partido tendrá que informar a la Justicia electoral cuándo, cómo y dónde lo gastó”.

Por su parte la radical riojana Inés Brizuela y Doria expresó que se había “trabajado mucho para lograr consensos que nos permitan avanzar en mejorar el marco legal existente. El proyecto que vamos a votar hoy no es perfecto pero es fruto de mucho debate y trabajo”.

La tucumana Beatriz Mirkin, del peronismo, dijo a su turno: “No me voy contenta con que se apruebe esta ley porque es muy importante tener un muy buen sistema de control sobre el financiamiento de los partidos y no me parece que se vaya a lograr”.

El jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo a su turno que “cuando el ciudadano tiene conocimiento de manera pública sobre quiénes son las empresas que aportan a un frente electoral se reduce el margen del propio lobby a la hora de implementar una política pública”.

En tanto, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, consideró que “quizás no es la mejor ley, pero es el comienzo de un sistema que tiene que ser más transparente, estar bancarizado” y sostuvo que sin este sistema, los empresarios “terminan todos en la causa cuadernos, donde también se refleja lo que es el aporte ilegal”.

Solanas y Odarda justificaron su voto en contra del proyecto al señalar que la habilitación para que las empresas puedan aportar significa “la privatización de la política” y afirmar que “a la democracia la tiene que financiar el pueblo: es la única forma de tener un país soberano e independiente”.

El oficialista Ángel Rozas resumió la postura de Cambiemos en contra de los aportes electorales por parte de los sindicatos, al señalar que “el sindicalista no maneja fondos propios, sino de los afiliados”.

Esto fue rechazado, entre otros, por el justicialista Mario Pais, quien subrayó que “las empresas tienen accionistas en la Bolsa a los que no se va a consultar” a la hora de decidir a qué partido financiar.

“No puede ser que se legitime el aporte de quienes persiguen el fin de lucro y que no se les permita a aquellos que tienen la obligación constitucional de bregar por el mejoramiento de la legislación y de las condiciones sociales de los trabajadores”, afirmó el senador chubutense.