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La nueva medida de Macri de bajar las indemnizaciones por accidentes será declarada inconstitucional

En una medida inesperada, el Gobierno nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), reduce las indemnizaciones por invalidez resultantes de accidentes de trabajo. La medida, que nadie esperaba, fue publicada en el Boletín Oficial y el Gobierno la justificó por las presuntas consecuencias de «incrementos desmedidos» de esos resarcimientos.

A través del DNU 669, publicado ayer, se estableció que «desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado».

Hasta hoy, el índice que se tomaba en cuenta para actualizar la indemnización hasta el momento del cobro era el de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, un índice mayor.

Luis Enrique Ramírez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), aseguró que es improbable que la medida tomada por el presidente se sostenga en el tiempo ya que su imposición por DNU la vuelve impugnable judicialmente. “Claramente el presidente Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia porque el tiempo no le alcanza para que se apruebe un proyecto de ley de esta índole, y en diciembre el gobierno cambia”, señaló.

El decreto de necesidad y urgencia firmado por Macri modifica la manera en la que se calcula la indemnización que un trabajador accidentado o su familia en caso de fallecimiento recibe en concepto de actualización por el tiempo que pasó desde que ocurrió el accidente hasta que el pago de la sentencia se hace efectivo.

Guillermo Gianibelli, por su parte, sostuvo que los tribunales van a declarar inconstitucional la medida por no coincidir con los parámetros de necesidad y urgencia, si bien el decreto probablemente como un nuevo elemento de presión para que los accidentados o sus familiares acepten “acuerdos conciliatorios” antes de llegar a una instancia judicial con las aseguradoras.

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