El Gobierno hizo oficial la derogación del nuevo protocolo para el aborto no punible que había implementado la Secretaría de Salud, a través de un decreto publicado en las últimas horas del jueves en el Boletín Oficial, después de las tensiones que se generaron en el seno del oficialismo. Consideró que la Secretaría de Salud “no consultó a sus superiores jerárquicos” y que tampoco participó el Instituto Nacional de Mujeres.
El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, había publicado el miércoles una resolución con el renovado “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”, el cual se adecuaba al nuevo Código Civil, permitía abortar desde los 13 años y tomaba consejos de la Organización Mundial de la Salud.
En el decreto N° 785/2019 se argumentó que la derogación se dio porque la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social dictó la resolución “sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas”.
La ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, había anticipado que la resolución se iba a revocar. “Por inconsulta y porque esto debe pasar por el Congreso”, explicó ayer.
Por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que se trataba “simplemente de una cuestión de formas”. Y expresó: “Los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía, pero hay determinadas cosas que deben ser consultadas”.
Esta actualización autorizaba a las adolescentes menores de 15 años a abortar en hospitales públicos, por considerar que cursar un embarazo a esa edad constituye un riesgo físico y psicológico para su salud. Además, indicaba que quienes tuvieran entre 13 y 16 años, podrían hacerlo sin que se les exigiera la autorización de los padres, si se trataba de un embarazo de menos de 12 semanas y de un aborto medicamentoso, entre otras cosas.