Así lo indicó ni más ni menos que el magistrado francés que ocupa el cargo de fiscal general de París, Rémy Heitz. De esta manera, las autoridades oficiales proponen que, aquellas personas que se identifiquen como violadores sistemáticos del confinamiento determinado para evitar la propagación del coronavirus, sean sancionados.
Pero lejos de imponerles una multa de una excéntrica suma de dinero que podría llegar a los 3.750 euros, o una pena de prisión de hasta 6 meses en caso de reincidencia, han decidido que la sanción contemple un periodo de trabajo social en los hospitales cuando la pandemia haya terminado.
En palabras del fiscal Heitz, esta forma de castigo resultará más didáctica e interesante, sobre todo para los jóvenes.
Cabe destacar que, desde que ha comenzado el aislamiento en París, el personal de seguridad correspondiente ha efectuado, en las dos semanas de aplicación de las normas, algo más de 300.000 controles y se han impuesto 25.000 multas.
Según las estadísticas, Heitz sostiene que “sobre cada 10 controles, 9 personas están en regla… Es un signo positivo, a pesar de los recalcitrantes”. Aún así, en busca de una aceptación total de las medidas de prevención, Francia ha dispuesto una medida excepcional que resulta maravillosa en tanto dará la posibilidad de contribuir a la sociedad.
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