Se trata de una causa iniciada en 2017 pero que a fines del año pasado el juez federal Sebastián Casanello delegó en el fiscal Picardi, dijeron las fuentes, que recordaron que en el expediente también está imputado el exministro de Energía y exdirectivo de Shell Juan José Aranguren.
Entre los empresarios que habrían sido beneficiados, según la hipótesis de la investigación, se encontrarían Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin, de los cuales también se requirió la declaración jurada, y John Lewis.
El fiscal también requirió que se le solicite a la Caja de Valores informes sobre movimientos de personas relacionadas a las empresas Edenor, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto y Transener, entre otras.
Picardi pidió que la AFIP remita, en soporte digital, un informe de evolución patrimonial y financiera respecto de Aranguren, Mindlin y Caputo y otro de relaciones comerciales de todo tipo relacionadas a las firmas Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A y Patagonia Energía S.A.
En este expediente la Procuraduría de Investigaciones administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, advirtió sobre un posible caso de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho.
La PIA había señalado que el incremento tarifario implicó una mejora para la posición económica de los titulares y accionistas de las empresas del rubro.
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