La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero del Congreso de Paraguay presentó hoy su informe final, unas 1000 páginas de una pesquisa que describe maniobras de contrabando de cigarrillos y de armas, nulos controles por parte del Estado y operaciones de narcotráfico, y denuncia irregularidades en las operaciones de empresas del grupo que encabeza el expresidente Horacio Cartes.
El presidente de la CBI, Jorge Querey, advirtió que del informe se desprende que Paraguay se convirtió en “un corredor logístico que es el corredor logístico de la criminalidad internacional” y que existe “un mecanismo que está operando para las organizaciones criminales, sea de tránsito o de lavado de dinero”.
El documento “constata” la debilidad de la Unidad Interinstitucional de prevención, combate y represión del Contrabando (UIC) y cuestiona que “nunca presentó resultados” la Unidad Especial contra el Contrabando del Ministerio Público.
Querey reseñó que “parte de la Armada paraguaya, en especial los destacamentos navales, se han convertido en aliados (del contrabando)”.
Un apartado está dedicado al contrabando de cigarrillos: “El modus operandi más frecuente es haciendo pasar la carga por el río Paraná en las fronteras fluviales con Brasil y Argentina; sin embargo, también los contrabandistas de cigarrillos utilizan las rutas en la frontera seca con el Estado de Mato Groso do Sur del Brasil que limita con tres departamentos de Paraguay. Además, el contrabando de cigarrillos también se realiza en el Chaco Paraguayo con la frontera de Bolivia”.
“Tratamos de dar a conocer qué daños está haciendo al país y el modus operandi de los contrabandistas. Cuando hablamos de delitos conexos, tocamos dos o tres casos emblemáticos, porque es imposible en dos o tres meses tratar todos”, manifestó Querey.
También se advirtió que el 60% de las armas de bajo calibre que entran de contrabando al Brasil pasan por Paraguay, mientras que el 90% de las armas de grueso calibre pasan por el país. Aunque en Paraguay no hay documentación sobre la cuestión.
Sobre el narcotráfico, cuestionó la normativa paraguaya, y señaló que “la política de drogas en Estados Unidos y otros países no es la misma que se maneja acá para evitar que seamos ruta del narcotráfico”.
Finalmente, sobre terrorismo, señaló que “se pudo acceder a muy poca información”, por lo que se mencionan solo dos casos, el de Sayid Alí Hijazi y Kassem Mohamad Hijazi, que tuvieron una vinculación directa con el terrorismo por los Estados Unidos.
Y detalló que únicamente se describen a las organizaciones criminales que operan en el país, entre las que citó al llamado Clan Rotela y al Primer Comando Capital (PCC), de origen brasileño.
“Hay que entender que el tema del lavado de dinero no se mueve estrictamente en el ámbito delictivo; se mueve en el ámbito formal a través de inversiones que se van haciendo. Es justamente la manera de legitimar esos activos”, explicó, según los diarios Última Hora y ABC Color.
Tras su presentación, el informe será entregado al titular del Senado, Óscar Salomón, quien a su vez pondrá a consideración de los demás legisladores en la Cámara y lo remitirá al Ministerio Público.
Además de Querey (Frente Guasú), integraron la Bicameral los senadores Enrique Buzarquis (PLRA) y Juan Afara (ANR), mientras que la Cámara baja estuvo representada por los colorados Basilio Núñez y Hugo Ramírez, y el liberal Jorge Ávalos Mariño.
El documento detalla una serie de presuntas irregularidades en las operaciones de empresas que forman parte del grupo Cartes y cuestiona la inacción de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
El texto indica que algunas de sus firmas son aparentemente de pantallas, presentaron declaraciones falsas en sus facturaciones o “simulan ventas”, con el objetivo final para el contrabando de los productos.
Además, se detallan presuntas evasiones de impuesto durante el 2021; empleados no inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS); presunta usura y omisiones o falsificaciones de datos en declaraciones juradas.
La Comisión reseñó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró recientemente a Cartes como “significativamente corrupto”, por actos de corrupción y “sus lazos con organizaciones terroristas”.
El reporte indica que de las 72 empresas que forman parte del grupo, unas 23 no tienen ningún empleado en el IPS, mientras que el Hotel Aloft, que adquirió el Grupo Cartes por más de 8.000.000 en el 2016, registra un solo asegurado en la previsional y aportó al Fisco solo 1.126.545 de guaraníes (165 dólares) en el 2021. No obstante, está cerrado desde hace 32 meses.
Además, 10 empresas -como Experta Basa de Seguros, Cigar Shop, Sporting Life, Soccer Marketing and Sports Trade, Establecimiento Agrícola Che Po’a, Fundación Ñande Paraguay, Bricks Center, FP Hoteles, Enex Investments, Fideicomiso de garantía-, algunas con suspensión temporal, no pagaron ningún impuesto al Fisco en 2021.
El documento cita que nueve firmas que emitieron facturas entre sí para una aparente simulación de ventas, que Cartes realizó préstamos personales desde 2012 y que siguió haciéndolo aún como presidente sin estar inscripto en el Banco Central y que hubo “dudosas trasferencias internacionales” ejecutadas por Tabesa –la tabacalera del exmandatario- en dólares y en euros.
Se identificaron también operaciones millonarias con México e Islas Caimán, en este último caso por 64,.8 millones de dólares, y transferencias a Bahamas, Bonaire, San Eustaquio, Saba, Curazao, Finlandia, Indonesia, Luxemburgo, Polonia y Singapur, entre otras.