La Corte de Apelaciones de Bolonia definirá hoy si concede la extradición del sacerdote y excapellán del Ejército Franco Reverberi, que es requerido por la Justicia mendocina acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Reverberi fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII del Ejército en San Rafael, Mendoza, y es investigado en el país por haber sido partícipe de homicidios, torturas y secuestros en el centro clandestino de detención “La Departamental”, que funcionó en la sede de los tribunales de esa ciudad.
La Corte de Apelaciones de Bolonia volverá a analizar este jueves si concede o no la extradición de Reverberi, la cual ya denegó en marzo pasado.
Sin embargo, la nueva audiencia cuenta con un fallo del 30 de junio de la Corte Suprema de Casación de Italia -el máximo tribunal de apelación de ese país- que le ordenó al tribunal de Bolonia dictar una nueva sentencia.
Reverberi se profugó a Italia -su país natal- en 2011, luego de que se iniciara en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad en 2010, donde testigos lo ubicaron en “La Departamental”.
En el 2013, Argentina presentó el primer pedido de extradición y denunció a Reverberi por tortura, pero la Corte de Bolonia, primero (2013), y la Corte Suprema de Casación, después (2014), consideraron que la presentación “carecía de fundamento”.
El Tratado Bilateral de Extradición firmado entre Argentina y el país europeo establece que, para dar lugar al requerimiento, el delito tiene que estar reconocido en la legislación de ambos países, y en aquel momento no existía el tipo penal para la tortura en Italia.
Pero a partir de 2017, la legislación italiana incorporó la tortura a su Código Penal y en 2020 Argentina volvió a iniciar un nuevo pedido.
En 2021 también se incluyó la acusación del homicidio del militante político José Guillermo Berón junto a testimonios que precisaron haber visto a Reverberi en “La Departamental” entre el 9 de julio de 1976 y el 26 de septiembre de 1976.
Esas fechas coinciden con la detención y posterior desaparición de Berón, que fue secuestrado el 28 de agosto de 1976 y, de esa manera, consta en la causa que el sacerdote “estuvo simultáneamente en el centro clandestino de detención con una persona que luego sería desaparecida”.
Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, Federico Efron, sostuvo en declaraciones a Télam que en materia de derecho “están dadas las condiciones” para que el sacerdote sea enviado a Argentina para responder ante la justicia.
A la vez, Efron advirtió que prevé “una discusión” en torno a la “situación de salud” del sacerdote -tiene 84 años, es diabético y presenta problemas cardíacos-, que podría llegar a generar un rechazo del pedido.
“En una cuestión de derecho, las condiciones están dadas para que se conceda la extradición. Pero también prevemos una discusión, que puede significar que se conceda o se rechace la extradición, que es la situación de salud de Reverberi”, expresó Efron.
En tanto, el abogado querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en las causas de lesa humanidad que sigue el Juzgado Federal de San Rafael, Ricardo Ermili, coincidió con Efron en que “los problemas de salud propios de la edad” de Reverberi “podrían ser razón de que no se conceda la extradición”.
Pero señaló, en diálogo con Télam, que en ese caso, Argentina podría solicitar que el represor “sea juzgado en Italia y garantizar la presencia de las víctimas”.
“El fallo de la Casación es muy importante porque le dice a la Corte de Bolonia ‘te extralimitaste en analizar con tanta profundidad la prueba que aportó el Estado argentino'”, señaló Efron y explicó que “en ningún juicio de extradición se discute de fondo si la persona cometió el delito o no”.
Pero además, ponderó que esa sentencia haya considerado a “la tortura dentro de los crímenes de lesa humanidad”, y que, por lo tanto, determinara “la imprescriptibilidad” de ese delito.
El letrado celebró que “de ahora en más se puede conceder una extradición también por el delito de tortura” y explicó que “eso abre un abanico muy importante” para otros casos de represores que están en Italia.
En esa línea, destacó que en su último viaje, el 7 y 8 de noviembre a Italia, mantuvo una reunión con la nueva fiscal del caso, Antonella Scandelari, y que le aseguró que la Fiscalía “ahora va a apoyar” la petición argentina, algo que en “la primera audiencia en marzo no había sucedido”.