El Gobierno de Bolivia consideró “una falta de respeto” que el detenido gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pretenda seguir en el ejercicio del mando desde la cárcel y advirtió sobre la necesidad de nuevas elecciones si la región no tiene un mandatario al frente.
“Si el gobernador y el vicegobernador (Mario Aguilera) han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrá que haber nuevas elecciones”, expresó el ministro de Justicia, Iván Lima, quien advirtió que el Ejecutivo nacional usará “el mecanismo legal más eficiente” para resolver la situación.
El conflicto se plantea porque el vicegobernador Aguilera se resiste a asumir el cargo principal porque Camacho “está haciendo uso de sus competencias y funciones actualmente” desde el penal de Chonchocoro, donde cumple prisión preventiva por su rol en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
Para Lima, el cuadro que se registra puede conllevar una acción constitucional de cumplimiento, una acción penal o procesos en el órgano electoral.
“¿Se imaginan ustedes un ministro que esté trabajando desde otro departamento y no en su sede de funciones que es La Paz? Nos están diciendo algo que es incoherente, que es una falta de respeto al departamento”, recalcó.
Camacho, abogado y empresario de 43 años, está encarcelado preventivamente por cuatro meses desde el 30 de diciembre pasado, pero firma resoluciones y decretos.
Lima juzgó que “Camacho no gobernaba Santa Cruz, no ejercía gestión para ese departamento”, sino que en dos años solo “trabajó en otros aspectos que no son para los cuales el pueblo cruceño lo ha elegido” y por eso “que esté en Chonchocoro o en otro lugar no afecta la situación”.
Mientras, el responsable de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, señaló desde su cuenta en Twitter que “preocupan los reportes de violencia en Bolivia” y pidió “respetar los derechos humanos, que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión, establecidos” en las normas legales.
Después de semanas de bloqueos, manifestaciones y cortes de calles y rutas, Santa Cruz y otros departamentos viven una relativa calma.
En tanto, el titular de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, lamentó que las agresiones documentadas contra periodistas desde el inicio de las protestas en defensa de Camacho permanecen “en impunidad y sin voluntad política” para que haya justicia.
“Todos (los casos) se encuentran prácticamente en la impunidad; hemos visto que no existe voluntad de la Policía, del Ministerio Público ni de la Justicia para que se llegue a establecer sanciones correspondientes”, afirmó Méndez a la agencia Sputnik.
El gremio regional de la prensa registró seis agresiones durante las dos últimas semanas, que se suman a las 40 durante el paro de 36 días entre octubre y noviembre de 2022 en reclamo de que el censo nacional se hiciera en 2023, y 24 durante coberturas en tomas de tierras y propiedades agrícolas ocurridas desde el 28 de octubre de 2021.
Desde el Ejecutivo nacional, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón remarcó que no es política del Gobierno ninguna normativa que atente contra la libertad de expresión, por lo que también se garantiza el libre ejercicio de la profesión.
“En este gobierno no existe una política, una normativa, un decreto, como lo había durante el gobierno de facto, el DS 4231, que afectaba a la libertad de expresión. No es política del Gobierno ninguna normativa que atente contra la libertad de expresión”, enfatizó, según la estatal agencia ABI.
