“No hubo represión policial”, dijo el funcionario ante el pleno del Congreso unicameral, que lo interpelaba esta noche con un pliego de 101 preguntas acerca del accionar de las fuerzas del Estado en las protestas.
Romero subrayó que “no hubo orden de hacer uso de las armas de fuego”, según la agencia de noticias Andina y el diario limeño La República.
Asimismo, rehusó divulgar los nombres de los uniformados que utilizaron armas de fuego en las protestas, “debido a que el Ministerio Público está a cargo de las investigaciones”.
El ministro argumentó ante una pregunta que no se utilizaron vehículos hidrantes para contener las manifestaciones pues lo que tiene la Policía “son muy antiguos”, ya que “datan del año 1950”.
Sostuvo además que “nunca se impidió la labor de los abogados y fiscales” en la cuestionada intervención policial en la Universidad de San Marcos, a mediados de diciembre pasado, donde acampaba un grupo de manifestantes.
Romero es el primer funcionario interpelado por el Congreso en relación con la represión de las protestas, pero al parlamento también ingresaron mociones para interrogar al jefe del gabinete, Alberto Otárola, y a los ministros de Defensa, Jorge Chávez, y de Educación, Oscar Becerra.
Por el mismo motivo, la presidenta Dina Boluarte compareció el martes ante la Fiscalía de la Nación, en una causa en la que también están implicados Otárola, Chávez y los ex jefe del gabinete Pedro Angulo y ministro del Interior Víctor Rojas.
Por otra parte, el gobierno resolvió levantar el estado de emergencia (sitio) que regía en el departamento de Lima desde hacía casi dos meses y que fuera dispuesto a raíz de la ola de protestas.
“Entendemos que han pasado las condiciones y las consideraciones que nos llevaron a declarar” el estado de emergencia, dijo Otárola, en declaraciones a la prensa en el Palacio de Gobierno.
El estado de sitio en esa región, que incluye la capital homónima, fue decretado el 15 de enero y prorrogado por un mes el 14 de febrero, de modo que iba a estar vigente hasta la semana próxima.
Perú vive una ola de protestas cotidianas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo luego de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
En ese contexto murieron 55 personas (48 civiles, un policía y seis militares) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los bloqueos de rutas, y al menos 1.301 resultaron heridas (incluidos 329 policías y seis militares), según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado ayer.
Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales denunciaron que varias de las víctimas fatales fueron ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad, sobre todo en los departamentos Puno y Ayacucho, escenarios de los hechos más violentos.
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