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Al menos seis personas fueron detenidas y 11 resultaron heridas en las manifestaciones que tuvieron lugar ayer en Lima y otras ciudades peruanas para pedir un adelanto de las elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, informaron el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo.

“Durante las manifestaciones públicas en el centro de Lima, se reportan: 11 atenciones (médicas), de los cuales cuatro fueron hechas en el mismo lugar por las brigadas de salud y tres fueron evacuados al Hospital Nacional Dos de Mayo y ya fueron dados de alta. Asimismo, otras cuatro personas fueron evacuadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza donde continúan siendo atendidas para descartar fractura de cúbito y radio, traumatismos, entre otros”, precisó el Ministerio de Salud en un comunicado emitido esta madrugada.

La Defensoría del Pueblo, en cambio, reportó ocho heridos, entre los cuales había dos policías.

El ministro de Interior, Vicente Romero, dijo a la emisora RPP que se detuvo a seis personas, una de ellas por arrojar una bomba molotov a la policía.

La movilización central se realizó en Lima, donde dos periodistas locales resultaron heridos, uno por perdigones de la Policía y el otro por el impacto de una piedra en la cabeza, denunció la Asociación Nacional de Periodistas del Perú en su cuenta Twitter.

Sobre la agresión a periodistas, Romero aseguró que los agentes “no utilizan perdigones”, y apuntó a la periodista Gabriela Ramos, una de las heridas, por haber intervenido en el trabajo de los uniformados.

“Tenemos una Policía diferente, de moral alta. Obviamente, siempre se presentan algunos deslices, pero que son producto de la propia interacción del desarrollo mismos de estos movimientos que se hacen en la calle”, expresó.

Sin embargo, imágenes publicadas por varios medios peruanos muestran a los efectivos de la Policía Nacional disparando con material antidisturbios directamente al cuerpo de los manifestantes.

Los incidentes estallaron luego que los manifestantes agredieron a los uniformados con piedras y palos, lo que fue replicado con gases lacrimógenos, indicó la Defensoría, citada por la agencia de noticias AFP.

Entre las consignas de los manifestantes también se destacó un pedido de justicia por el medio centenar de muertos que dejó la represión policial y militar entre diciembre y febrero pasados en tres regiones del sur andino.

Según la Defensoría, los choques entre los manifestantes y las fuerzas del orden ocurrieron en la ciudad de Huancavelica, capital de la provincia homónima, en Lima Metropolitana, donde la policía respondió con gas lacrimógeno y en la septentrional Cajamarca, donde los manifestantes tomaron instalaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca, entre otros incidentes.

En Huancavelica, la policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de pobladores que trataron de quemar la prefectura de esa ciudad.

También hubo movilizaciones en nueve de las 25 provincias de Perú, entre ellas Arequipa, Cusco, Puno, Lambayeque, Tacna, Junín y Piura.

Durante la marcha en Lima se vieron carteles y banderolas con lemas como “Nuevas elecciones”, “Yo quiero nueva constitución”, “Cierre del Congreso”, “¡Fuera Dina, asesina!”, en referencia a la presidenta peruana que lleva poco más de siete meses en el poder.

No faltaron carteles pidiendo la liberación y restitución del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre último.

La movilización fue impulsada por la Central General de los Trabajadores del Perú (CGTP), partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Pedimos “adelanto de elecciones; ni Boluarte ni el Congreso deben seguir, su permanencia agrava la crisis. Es lamentable que el Ejecutivo y Legislativo actúen como si no hubiera pasado nada y piensen quedarse hasta el 2026”, dijo al diario La República Lucio Castro, secretario general del Sutep, el mayor sindicato de maestros del Perú.

“No es un día normal. Estamos en una situación en que un grupo de manifestantes de varias regiones del país ha salido a expresar lo que es conveniente a sus intereses políticos”, dijo el jefe de gabinete, Alberto Otárola, en declaraciones a periodistas.

El Congreso, controlado por la derecha, rechazó a inicios de año dos proyectos de Boluarte para adelantar las elecciones a 2024. Luego, ambos acordaron tácitamente permanecer en sus cargos hasta el fin de sus mandatos en julio de 2026.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena de los 50 muertos que dejó la represión fallecieron por impactos de bala. En enero, la Fiscalía abrió una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta el fin de su mandato.

Los manifestantes exigen la salida de la presidenta Boluarte, la disolución del Congreso y la celebración de elecciones generales.

El Gobierno de Boluarte y el Legislativo tienen niveles de desaprobación ciudadana del 80% y 90% respectivamente, según sondeos.

telam
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