El Decreto 696/2024 marca el fin del INADI, una institución que, durante años, intentó ser la punta de lanza en la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo en Argentina.
Desde su creación en 1995, bajo la Ley 24.515, este organismo descentralizado operó dentro del Ministerio de Justicia con la misión de elaborar y ejecutar políticas públicas que promuevan la igualdad y combatan todo tipo de discriminación.
El decreto justifica la disolución del INADI en una serie de falencias e irregularidades acumuladas a lo largo del tiempo. A pesar de haber sido intervenido por primera vez en 2011, y prorrogado en múltiples ocasiones, el instituto no logró revertir su ineficiencia ni cumplir con sus objetivos esenciales. Las irregularidades detalladas en el decreto son graves y variadas: desde la contratación dudosa de personal y el arrendamiento irregular de inmuebles, hasta la falta de registros fidedignos de actividades y pagos. Además, se detectó un sobredimensionamiento significativo de la estructura funcional, con 431 agentes distribuidos en 44 sedes sin un control adecuado de sus funciones.
El informe que sustenta el decreto menciona que solo en marzo de 2024, los salarios de este personal implicaron una erogación de más de 315 millones de pesos, una suma equivalente a más de 2300 jubilaciones mínimas. La gestión de los contratos de locación y otros gastos operativos también fue criticada por su ineficiencia, generando intereses que debieron ser asumidos por el Estado.
Además, se detectaron 7788 expedientes administrativos sin resolver desde 2016 y campañas de sensibilización y capacitación que no cuentan con la documentación de respaldo necesaria. En resumen, el decreto pinta un cuadro desolador de un organismo que, en teoría, debería haber sido un baluarte en la defensa de los derechos humanos en Argentina.
Ante este panorama, el gobierno decidió que la mejor opción es la disolución del INADI y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Justicia. La lógica detrás de esta decisión parece ser que la lucha contra la discriminación y la promoción de los derechos humanos pueden ser manejadas de manera más eficiente bajo un organismo centralizado, eliminando estructuras burocráticas innecesarias y mejorando el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, la disolución del INADI también plantea preguntas sobre el futuro de las políticas de no discriminación en Argentina. Aunque el Ministerio de Justicia asuma estas funciones, queda por ver si podrá hacerlo con la misma visibilidad y especialización que tenía el INADI, o si esta decisión resultará en una dilución de los esfuerzos en esta área crítica.
El decreto no deja espacio para interpretaciones: el INADI, tal como lo conocíamos, es cosa del pasado. Ahora, el desafío radica en ver si el nuevo enfoque centralizado logrará cumplir con las altas expectativas que se tienen en la protección contra la discriminación y la promoción de los derechos humanos en Argentina.