El Senado Federal de Brasil analiza un proyecto de ley que podría modificar la Ley de Ficha Limpia, permitiendo que el período de inhabilitación de políticos condenados, como Jair Bolsonaro, comience a correr desde la fecha de la condena, y no luego de cumplir la pena, como se establece actualmente. Esta propuesta, ya aprobada por la Cámara de Diputados y la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, está a la espera de una votación en el pleno.
El proyecto, que mantiene la duración del período de inelegibilidad en ocho años, pretende que esta sanción se cuente a partir de la fecha de la sentencia. Este cambio en la ley abriría una ventana para que la defensa de Bolsonaro intente anular su condena, en caso de que la normativa entre en vigor. Los críticos sostienen que la modificación podría beneficiar a políticos condenados que aún no han perdido formalmente su mandato, permitiéndoles conservar sus derechos electorales por más tiempo.
Esta enmienda ha provocado un acalorado debate en el ámbito jurídico. Márlon Reis, creador de la Ley de Ficha Limpia, considera que la propuesta beneficiaría a Bolsonaro y a otros políticos en situaciones similares, ya que ajusta el inicio del período de inhabilitación. Thiago Minagé, otro abogado consultado, discrepa y asegura que la enmienda no acorta el período de inelegibilidad. Rubens Beçak, experto en derecho constitucional, cree que la defensa de Bolsonaro podría aprovechar este cambio para intentar anular la condena, basándose en los nuevos parámetros para el cómputo del tiempo de inhabilitación.
Además, el proyecto establece un límite de 12 años para la inhabilitación en casos específicos y exige prueba de intención en casos de improbidad administrativa, lo que restringiría la aplicación de la pena a actos deliberados. Asimismo, se propone ampliar el período de inhabilitación para quienes ocupan cargos públicos, de cuatro a seis meses, con el objetivo de fortalecer la imparcialidad en los procesos electorales. Estos puntos están generando una amplia discusión sobre el impacto en la transparencia y en la elegibilidad de los políticos en futuros comicios.
Dentro del Senado, la propuesta también divide opiniones. Humberto Costa (PT-PE) critica la medida, señalándola como un beneficio indirecto para algunos. Sergio Moro (União-PR), aunque reconoce algunos aspectos positivos, alerta sobre el riesgo de favorecer a políticos condenados por corrupción u otros delitos de administración pública.
Con información de Noti Sul