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El gobierno de Javier Milei habilitó nuevamente la exportación de chatarra y residuos metálicos, una actividad que estaba prohibida en Argentina desde 2009. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue el encargado de anunciar la medida. Según explicó, la prohibición desincentivaba el mercado del reciclaje y generaba efectos negativos para los pequeños productores del sector.

La decisión deja sin efecto los decretos 1040/20 y 70/23, que mantenían vigente la restricción impuesta durante el gobierno de Cristina Fernández y renovada por las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La medida, según fuentes oficiales, apunta a reactivar el mercado del reciclaje a nivel nacional e internacional y a abrir nuevas oportunidades de negocio para pequeños productores y recicladores.

La exportación de chatarra y residuos metálicos estuvo restringida durante más de una década. Desde julio de 2009, se habían establecido barreras que buscaban proteger la industria local, pero según el gobierno actual, estas políticas afectaron negativamente al sector.

Sturzenegger explicó que la prohibición deprimía los precios locales, desincentivaba el reciclaje y limitaba el acceso al mercado internacional de materiales reciclables como cables de cobre desechados. Además, señaló que esta restricción beneficiaba principalmente a los grandes procesadores de chatarra en detrimento de los pequeños recicladores.

 

En su cuenta de X (@fedesturze), el ministro expresó que esta medida se alinea con la visión del presidente Javier Milei sobre el rol del Estado:

“El poder del Estado no debe usarse para redistribuir arbitrariamente ingresos entre actores de un mercado.”

Sturzenegger agregó que la reapertura de este mercado permitirá generar una cadena de valor más eficiente y fomentará el tratamiento adecuado de residuos metálicos, lo que podría impactar positivamente en la economía de pequeños empresarios del sector.

El gobierno estima que la medida incentivará la recuperación de materiales reciclables, generará empleo en el sector y potenciará la competitividad en el mercado internacional. Según fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, esta decisión busca equilibrar las oportunidades entre los distintos actores del mercado, permitiendo que los pequeños productores puedan competir en igualdad de condiciones.

 

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