El Gobierno argentino ha oficializado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le permite eludir el debate en el Congreso y proceder a una nueva toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta medida, impulsada por el presidente Javier Milei, se toma en un contexto donde se busca mantener el dólar en un nivel atrasado hasta las elecciones de octubre.
De esta manera, Milei suma otro capítulo a su gobierno, que ha optado por tomar decisiones drásticas a través de DNU, evadiendo el proceso legislativo establecido. Hasta el momento, ha proporcionado escasos detalles sobre el contenido del acuerdo recién firmado.
El DNU, publicado como Decreto 179/2025 en el Boletín Oficial, cuenta con las firmas del presidente y de todos los miembros de su Gabinete. Este acuerdo contempla un aumento del endeudamiento argentino dentro de un Programa de Facilidades Extendidas, que incluye un plazo de hasta 10 años para el pago de intereses y 4 años y 6 meses de gracia.
Destino de los Fondos
Los fondos obtenidos bajo este acuerdo estarán destinados a la cancelación de “las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central” y “las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 que venzan dentro de los cuatro años de la firma del acuerdo”.
Asimismo, se señala que la operación incluirá el pago de intereses y cargos según las tasas establecidas por el FMI, así como el reembolso del capital en el tiempo acordado. El DNU apunta a mantener “un compromiso con la política económica de déficit cero”, indicando que los fondos solo podrán utilizarse para el pago de deudas del Tesoro Nacional y con el FMI.
Justificación del DNU
El Gobierno argumenta que, al emitir un DNU, se está actuando dentro de su derecho, puesto que “la competencia correspondiente al Congreso no es aprobare los términos y condiciones del acuerdo con el FMI, sino la operación crediticia mediante la sanción de una ley”.
Opciones para el Congreso
El DNU entra en vigor como ley desde su promulgación, lo que implica que el Gobierno debe asegurarse de contar con el apoyo de al menos una de las dos cámaras del Congreso para evitar un rechazo. Si el decreto es aceptado en una cámara, se mantendrá vigente.
Desde su promulgación, el Poder Ejecutivo debe enviar el DNU al Congreso en un plazo de 10 días. Este será revisado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, quien determinará la validez del mismo. Si dicha comisión no se pronuncia en un plazo de 10 días hábiles, ambas cámaras podrán discutir y votar el DNU, el cual no admite modificaciones: solo puede ser aprobado o rechazado.
Denuncia a Javier Milei
Por otro lado, legisladores nacionales de Unión por la Patria (UP) han presentado una denuncia penal contra Javier Milei, argumentando que la aprobación del acuerdo con el FMI por medio de un DNU infringe artículos de la Constitución Nacional que requieren la validación del Congreso para cualquier endeudamiento con organismos internacionales.
Los denunciantes alegan que esta acción puede constituir un abuso de autoridad y una violación de los deberes de funcionario público, según lo estipulado en el Código Penal.
Con información de Minuto Uno