El Gobierno argentino se enfrenta a una nueva jornada de protesta que tendrá lugar este miércoles en los alrededores del Congreso, donde los jubilados se reunirán para reclamar una recomposición de sus haberes. Este escenario se enmarca en el contexto del debate que se realizará por la mañana en la Cámara de Diputados sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25, que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras los incidentes de la semana pasada, donde más de un centenar de personas fueron detenidas y una veintena resultaron heridas, el oficialismo ha desarrollado un operativo de seguridad para evitar que la situación se repita. En este sentido, se ha decidido modificar la estrategia de despliegue policial y la comunicación al respecto.
Esta vez, a diferencia de la protesta anterior, se espera que las universidades públicas se sumen al reclamo, lo que podría ampliar la convocatoria en la Plaza frente al Congreso. Desde el Gobierno estiman que este actor social, que estuvo al frente de una de las movilizaciones más significativas contra la gestión de Javier Milei, se unirá a organizaciones y partidos políticos que respaldan la medida.
El martes, se definieron los detalles del operativo en una cumbre convocada en Casa Rosada, encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo. En esta reunión, participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y otros funcionarios clave. El encuentro tuvo lugar en el Salón Martín Fierro y se centró en abordar el conflicto y la estrategia de seguridad.
Entre las decisiones, se estableció un control más riguroso de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, algo que no se implementó la semana anterior. La intención es “acotar la movilización” en la plaza frente al Congreso, evitando desmanes y restringiendo el avance de los manifestantes hacia la Plaza de Mayo.
A diferencia de la anterior convocatoria, la ausencia de hinchas de fútbol podría desdibujar la figura del “enemigo” que el Gobierno solía señalar. La presencia de estudiantes y docentes universitarios complicará justificar una posible represión, dado que este sector estuvo en pie de lucha el año pasado en protesta contra los recortes a la educación pública, sin un fuerte despliegue policial.
A pesar de los discursos previos que hablaban de un “intento de golpe de Estado,” en las últimas horas algunos funcionarios del Gobierno han intentado bajar la tensión. Bullrich, en una conferencia de prensa sobre su proyecto de ley “Antibarras,” expresó su solidaridad con la familia de Pablo Grillo, el fotorreportero gravemente herido por un gendarme.
Por último, fuentes gubernamentales han indicado que, a pesar de las movilizaciones, no se prevé, por el momento, una recomposición de las jubilaciones ni de los bonos que se otorgan mensualmente.
Con información de Ámbito