El proceso, que se extenderá hasta principios de junio, contó con la presentación de 82 testigos por parte de la Fiscalía y de las defensas. La corte aún debe definir fechas para las audiencias con los acusados y los alegatos finales. La sentencia definitiva está prevista para septiembre u octubre, en medio de un escenario de alta tensión y expectativa política en Brasil.
Jair Bolsonaro, de 70 años, y siete de sus máximos colaboradores están acusados de planear un golpe de Estado contra el mandatario actual, Luiz Inácio Lula da Silva, y de participar en un ataque violento en las sedes del poder en Brasilia el 8 de enero de 2023. La Fiscalía los señala como autores intelectuales de las agresiones contra el Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, ocurridas justo una semana después de la asunción de Lula. La pena máxima por estos delitos es de 40 años de prisión.
Entre los acusados se encuentran el ex ayudante de campo Mauro Cid, y ex altos oficiales como el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos, así como exministros de Justicia, Seguridad y Defensa. La acusación también contempla delitos graves como organización criminal, intento de abolición violenta del Estado democrático y daño al patrimonio nacional.
La evidencia presentada incluye un borrador de decreto que proponía declarar el estado de sitio, lo cual fue interpretado como evidencia de planificación para una insurrección. A esto se suma el testimonio de excomandantes del Ejército y la Fuerza Aérea que admitieron haber sido invitados a apoyar un plan para derrocar a Lula tras las elecciones de 2022, incluso citando una posible intención de asesinato mediante envenenamiento contra el mandatario.
Asimismo, investigaciones de la Policía Federal revelaron que Bolsonaro habría planificado un golpe frustrado, lo que aumenta la gravedad de las imputaciones.
El proceso judicial pone en juego no solo el futuro del expresidente, sino también el rumbo de la derecha en Brasil. Bolsonaro, quien se considera víctima de persecución y aún mantiene un fuerte apoyo popular, enfrenta además su inhabilitación política hasta 2030 por campañas de desinformación y abuso de poder. Su salud también es un factor, tras casi tres semanas en terapia intensiva por una cirugía intestinal complicada.
Analistas señalan que, más allá de la sentencia, el juicio puede redefinir la influencia de Bolsonaro y las candidaturas de la derecha en 2026. Desde su hijo Eduardo Bolsonaro hasta figuras como Tarcísio de Freitas, el escenario para la sucesión está abierto y en crisis.
El resultado del proceso será clave en la construcción del panorama electoral brasileño. Mientras tanto, los sectores políticos y sociales observan atentos cada movimiento, en medio de una tensión que puede definir los próximos años en el gigante sudamericano.
Con información de Salta Corporativa
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