La Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, junto con la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (Ande) y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), firmaron un entendimiento que actualiza las condiciones de aprovechamiento de la electricidad producida en la central hidroeléctrica compartida.
Gracias a este mecanismo, Argentina podrá acceder hasta al 85% de la energía de Yacyretá —equivalente a unos 2.635 MW de los 3.100 MW disponibles—, siempre que Paraguay no requiera esa energía para su propio consumo. Paraguay, por su parte, se comprometió a tomar 425 MWh de la generación instalada, garantizando mayor disponibilidad para Argentina.
Este pacto permitirá a Argentina reducir el gasto público en energía durante los meses más fríos, mejorando la disponibilidad energética y ayudando a evitar posibles colapsos en el sistema. Hasta ahora, Paraguay pagaba US$22 por MWh y Argentina cerca de US$50. Con la homologación del precio en US$28 por MWh, ambos países ahorrarán notablemente, eliminando compensaciones cruzadas que generaban ineficiencias y gastos extra.
Asimismo, el acuerdo asegura fondos para que Yacyretá pueda sostener sus operaciones y realizar inversiones con recursos propios, sin depender del Tesoro Nacional, entre ellas la obra del brazo Aña Cuá, que aumentará la capacidad instalada en un 10%.
Desde el Gobierno explicaron que la normativa busca ordenar una relación histórica que estuvo marcada por privilegios y arbitrariedades en el manejo energético entre Argentina y Paraguay. Con la firma, se establecen reglas claras y se avanza hacia una relación más justa y transparente.
El acuerdo también favorece el impulso de obras de ampliación de la central, aprovechando el enorme caudal del Río Paraná, y destaca por ser una fuente de energía renovable que abastece aproximadamente el 50% de los hogares argentinos, sin incluir las demandas industriales.
La firma del acuerdo estuvo a cargo de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, y responsable de garantizar el cumplimiento de la política energética oficial. La iniciativa refleja el compromiso del Gobierno con la inclusión de energía confiable y eficiente para la población.
Este paso estratégico busca fortalecer la soberanía energética y optimizar los recursos compartidos, allanando el camino hacia un futuro con mayor seguridad y menores costos en energía para Argentina y Paraguay.
Con información de El Litoral
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