Esta decisión genera una fuerte polémica en la provincia y en distintas organizaciones que reclaman mayor prioridad a la atención de los afectados, que quedaron devastados tras el devastador temporal. Desde diferentes sectores, se cuestiona la postura de Milei, que prioriza la austeridad y el ahorro fiscal por encima de la ayuda inmediata a los damnificados.
La ley vetada pretendía establecer un fondo destinado exclusivamente a afrontar futuras catástrofes similares, un mecanismo que ahora queda en duda con la decisión del Gobierno nacional. Clamores por asistencia rápida y efectiva en Bahía Blanca se multiplican, mientras el oficialismo mantiene postura firme en la reducción del gasto social.
Con información de Minuto Uno
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