La medida también alcanza a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Adorni explicó que el Gobierno reorganizará la actual Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Esta nueva entidad tendrá a su cargo la fiscalización de las concesiones viales y el control del transporte público.
Además, se abrirá una licitación para concesionar 9120 kilómetros de rutas. “Durante décadas hubo despilfarro y corrupción. Las rutas quedaron deterioradas como nunca antes en la historia del país”, afirmó el vocero.
La conferencia comenzó con la proyección de un video. En un minuto, repasó titulares, fragmentos de noticieros y del programa Periodismo Para Todos, que expusieron el entramado de la llamada causa Vialidad.
Adorni recordó que este caso judicial investigó el reparto de contratos de obra vial en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. “Fueron 51 contratos con sobreprecios entregados al empresario Lázaro Báez”, detalló.
El fallo describió el esquema como una maniobra de corrupción sistemática: contratos direccionados, anticipos sin justificación técnica, obras abandonadas sin sanción y plazos extendidos sin motivo. “No se construyeron las rutas y la plata se la quedaban igual”, resumió el vocero.
“La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada. Y la acaba de sellar el presidente Javier Milei”, concluyó.
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