Por mayoría absoluta, el Senado convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad en Argentina. La norma, que obtuvo 56 votos a favor y ninguno en contra, fue respaldada desde las calles por las familias del colectivo, ONG y profesionales que enfrentan una situación de crisis desde hace meses. La ley establece aumentos urgentes para los prestadores de servicios de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos permanecen congelados desde hace siete meses, además de corregir las restricciones de acceso a las pensiones por invalidez impuestas por el Gobierno.
El costo fiscal de la ley, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, oscila entre el 0,2 y 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, el presidente Alberto Fernández avisó que vetará la ley, igual que lo hará con todo el paquete de leyes sancionado en la jornada en el Senado.
Lo que contempla la ley
El proyecto aprobado por unanimidad aborda dos problemas urgentes que atraviesa la comunidad de discapacidad, uno de los más afectados por el plan de ajuste del oficialismo:
- El ajuste sobre los prestadores: más de 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos que asisten a aproximadamente 250 mil personas en obras sociales y sistema público, tienen sus ingresos congelados desde diciembre pasado, con un retraso inflacionario de casi 70 puntos. La normativa obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a actualizar mensualmente los valores de las horas de servicios según el IPC, además de establecer un bono compensatorio por los meses de retraso.
- El ajuste sobre las pensiones: actualmente, el Gobierno realiza una auditoría que podría recortar unas 400 mil pensiones por invalidez, casi un tercio del total. Por eso, la ley corrige los requisitos de acceso, estableciendo que solo se podrá acceder con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que, según estimaciones, podría aumentar entre 493 mil y 946 mil las altas en beneficiarios, con un refuerzo fiscal que saldría de reasignaciones presupuestarias.
Reclamos y contexto político
Desde organizaciones del colectivo y profesionales, expresaron su satisfacción y solicitaron “sensibilidad” al presidente para evitar el veto. Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), afirmó: “Esta ley es como un salvavidas para nosotros. Sin ella, muchas instituciones que acompañan a personas con discapacidad, sobre todo las que no tienen recursos, tendrían que cerrar en breve”. Además, reclamaron que el ajuste fiscal no puede perjudicar a las personas más vulnerables.
Con información de Página 12