Los programas afectados, que brindaban asistencia integral y contención, eran fundamentales para muchas víctimas que encontraban en ellos un refugio ante situaciones de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, las autoridades argumentan que los recursos serán redistribuidos en otros ámbitos, sin garantizar que las mujeres en situación de violencia tengan garantizado el mismo nivel de ayuda.
Organizaciones feministas y de derechos humanos expresaron su preocupación y denunciaron que esta decisión evidencia la falta de prioridad del Gobierno en la protección de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Desde distintos ámbitos académicos y sociales, se advirtió que la eliminación de estos programas puede perjudicar a quienes más lo necesitan, sobre todo en un contexto donde la violencia de género sigue en aumento en el país.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que los recursos públicos se están direccionando a áreas más estratégicas y que la inversión en políticas públicas de género se mantiene en línea con sus prioridades.
Con información de Minuto Uno
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