El presidente Javier Milei fue vinculado formalmente en una nueva presentación judicial en el marco de la demanda colectiva que investiga una presunta estafa con la criptomoneda $Libra en Estados Unidos. La acción se tramita en el Juzgado Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la órbita de la jueza Jennifer L. Rochon.
Los denunciantes afirman que Milei brindó un “respaldo sumamente engañoso” al momento del lanzamiento del token, lo que habría generado una falsa sensación de legitimidad estatal en torno a la criptomoneda. El señalamiento directo fue reiterado por los abogados de la parte actora este lunes, en un escrito en el que acusan al mandatario argentino de haber sido parte de una estrategia de promoción “altamente planificada”.
La causa se originó en marzo, cuando el ciudadano Omar Hurlock presentó una demanda colectiva contra los responsables del proyecto cripto, incluyendo a las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol, Meteora, y a personas como Hayden Davis —identificado como creador del token—, además de otros socios del esquema. En ese primer escrito, ya se mencionaba la participación de Milei.
Según Hurlock, los impulsores de $Libra usaron la imagen presidencial para “crear una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo”, atrayendo a miles de personas a comprar el activo. En la nueva presentación, el denunciante insiste en que “decenas de miles de consumidores fueron engañados”, y solicitó que se mantenga el congelamiento de USD 57 millones ubicados en billeteras vinculadas al creador del token.
Acusan fraude deliberado y manipulación de mercado
La demanda describe una infraestructura diseñada para atraer capitales minoristas mediante información engañosa, aprovechando la falta de supervisión del ecosistema cripto. Las empresas mencionadas habrían manipulado el precio inicial de $Libra, distribuyendo los tokens en condiciones artificiales y sin respaldo genuino del mercado.
Además, se denuncia que parte del suministro fue desviado mediante los pools de liquidez DLMM de la plataforma Meteora, extrayendo más de USD 107 millones en activos estables.
El escrito también resalta que la licuación de responsabilidades entre las empresas acusadas —Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora— habría sido parte del esquema fraudulento. Según la acusación, el token se presentó como una herramienta para impulsar pymes y financiar proyectos educativos, lo cual nunca se concretó.
Sin comentarios desde el Gobierno argentino
Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales del Gobierno de la Argentina respecto a esta causa. Tampoco se conocen presentaciones judiciales del entorno presidencial en Estados Unidos para refutar las acusaciones. El caso sigue su curso en la Justicia norteamericana, donde la jueza Rochon aún debe resolver si se da curso definitivo a la acción colectiva.
con información de Perfil