La reforma fue votada por 57 de los 60 diputados, todos afines al presidente Nayib Bukele, quien gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con el 85% de los votos. Con esta medida, el mandatario queda habilitado para presentarse nuevamente en los comicios que se celebrarán en marzo de 2027, tras acortarse su actual mandato, que inicialmente se extendía hasta 2029.
La reforma fue tratada en un trámite exprés y se da en un contexto de concentración total del poder por parte del oficialismo. Bukele controla el Congreso, el Poder Judicial y el aparato de seguridad del Estado. Desde sectores opositores, el cambio constitucional fue calificado como el fin de la democracia salvadoreña.
“Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras”, afirmó la diputada opositora Marcela Villatoro, mientras que la legisladora oficialista Ana Figueroa celebró la medida diciendo que “los salvadoreños ahora van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente”.
La reforma se votó días después de una ola de detenciones que alcanzó a periodistas, activistas humanitarios y defensores de derechos humanos, forzando incluso el exilio de varias personas críticas al Gobierno. La medida se suma al régimen de excepción vigente desde 2022, que permitió más de 70.000 detenciones sin orden judicial en el marco de la “guerra contra las pandillas”.
A pesar de las denuncias de organismos internacionales, Bukele mantiene un altísimo nivel de popularidad, gracias a la baja sostenida en los índices de homicidios y violencia.
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