Según el texto del decreto, las tres normas implicaban un gasto adicional superior a los $7 billones en 2025 y más de $17 billones en 2026, lo que representaría cerca del 1,68% del PBI. Desde el Ejecutivo advirtieron que estas iniciativas ponían en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales del gobierno libertario.
Además, el decreto sostiene que hubo “vicios legislativos” en la aprobación del Senado. Denuncia que la sesión del 10 de julio se realizó sin citación previa y que se votaron proyectos con mayoría simple cuando debían contar con dos tercios, lo que para el oficialismo invalida el procedimiento.
Aumento a jubilados: otorgaba un aumento de emergencia del 7,2%, la creación de un bono mensual de $110.000 (ajustable) y transferencias a cajas previsionales provinciales no armonizadas.
Moratoria previsional: restablecía por dos años el plan de pagos para acceder a la jubilación sin contar con los 30 años de aportes y flexibilizaba el acceso a la PUAM.
Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia nacional en el área hasta 2026, creaba una pensión no contributiva y establecía compensaciones económicas para prestadores de servicios.
Tras el veto, la discusión vuelve al Congreso. Para convertir en ley los proyectos vetados, la oposición necesitará alcanzar una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, algo que, por el momento, parece difícil.
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