Argentina

El Gobierno disolvió la CONAL y concentró el control alimentario en ANMAT y SENASA

Desde ahora, el control del Código Alimentario Argentino queda en manos de organismos técnicos. Prometen digitalización, trazabilidad y menos burocracia.

En línea con el plan de “transformación del Estado”, el Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), un órgano multisectorial que asesoraba en políticas alimentarias, y trasladó sus funciones a áreas técnicas de la ANMAT y el SENASA.

La medida fue dispuesta a través del Decreto 538/2025, publicado en el Boletín Oficial. Además de eliminar a la CONAL, modifica el Decreto 815/1999 para acelerar la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA). A partir de ahora, todas las decisiones regulatorias quedarán bajo la órbita del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) —dependiente de ANMAT— y del SENASA, bajo la Secretaría de Agricultura.

“Menos burocracia, más evidencia científica”, según el Gobierno

Desde el Ejecutivo aseguran que la eliminación de la CONAL permitirá “agilizar decisiones basadas en evidencia científica” y “fortalecer los controles sanitarios” mediante tecnología y digitalización.

Uno de los pilares de este cambio será el uso intensivo del Sistema Federal de Control de Alimentos (SIFEGA), una base de datos única que será actualizada diariamente por los organismos técnicos. El objetivo es mejorar la trazabilidad de productos, monitorear infracciones y mantener una vigilancia sanitaria activa en todo el país.

Cambios operativos y plazos más cortos

La reforma elimina figuras que el Gobierno considera “obsoletas”, como las cabinas sanitarias en rutas, que serán reemplazadas por sistemas de control digital. Además, se establece que todos los trámites vinculados al CAA deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Desde ahora, las decisiones sobre qué se puede comercializar como alimento recaerán exclusivamente en técnicos especializados. Aunque se eliminaron las instancias formales de participación multisectorial, el Gobierno promete mantener “espacios de intercambio técnico con el sector privado”.

Las provincias seguirán teniendo rol fiscalizador

Las autoridades sanitarias de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires conservarán acceso al sistema y a la base de datos nacional, con capacidad de fiscalización en sus respectivas jurisdicciones. También podrán intervenir ante alertas sanitarias o productos en infracción.

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