La pelea legal entre Argentina y los fondos buitres en Nueva York continúa con un nuevo capítulo. La Justicia de Estados Unidos exige comunicaciones confidenciales de altos funcionarios argentinos, pero el Gobierno nacional aseguró que no tiene en su poder los dispositivos solicitados.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó la entrega de chats de WhatsApp y otras comunicaciones de ministros y exfuncionarios argentinos, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa. Sin embargo, este martes, la Argentina le solicitó a la magistrada que reconsidere esa orden, argumentando que el Estado no posee los celulares ni los dispositivos en cuestión, ya que no le pertenecen.
La demanda que ya generó polémica
La jueza Preska, conocida por sus decisiones en las causas vinculadas a la expropiación de YPF en 2012 y en otras relacionadas con fondos buitres, ya había ordenado en su momento que Argentina pague el monto reclamado o entregue el control del 51% de las acciones de la petrolera. Ahora, en una línea distinta, ordena que se entreguen conversaciones confidenciales que, según la postura oficial, no están bajo control del Estado.
El argumento central de la presentación argentina es que la Justicia estadounidense no puede exigir aquello que el Estado no tiene en su poder. Los abogados nacionales subrayaron que los dispositivos y cuentas personales pertenecen a los funcionarios, no al Gobierno, y que no hay “posesión, custodia o control” por parte de la Argentina.
🛑La República Argentina pide a la Juez Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y exfuncionarios ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos porque no les pertenecen.… pic.twitter.com/VkjlVTdywr
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) August 5, 2025
La defensa Argentina: un análisis legal
En el escrito dirigido a Preska, los abogados del país explicaron que la legislación argentina deja en claro que los celulares y cuentas digitales son propiedad exclusiva de sus propietarios, en este caso, los funcionarios en cuestión. Por ello, la Argentina solicita que se reconsidere la orden, que, aseguran, ha pasado por alto este aspecto previo y fundamental para cualquier procedimiento de discovery, en virtud de las reglas federales de procedimiento civil.
Sebastián Maril, especialista en estos juicios, afirmó que “la Argentina pide a la jueza que reconsidere la orden, ya que no tiene en su poder los dispositivos, y los demandantes no han demostrado que la República tenga derecho, autoridad o capacidad práctica para acceder a esos datos, porque no le pertenecen a ningún organismo del Estado, sino a los funcionarios”.
La postura oficial y la estrategia judicial
Desde la Procuración del Tesoro, se explicó que la ley argentina establece claramente que los dispositivos y cuentas digitales son de propiedad de los funcionarios y no del Estado como empleador. Por eso, solicitaron que la Justicia vea este aspecto como una cuestión preliminar que debe resolverse antes de avanzar en la entrega de información confidencial.
La Argentina reiteró que no se va a entregar ningún dato que no esté bajo su control, y que continuará defendiendo la propiedad y autonomía de sus funcionarios frente a presiones externas, en una causa que continúa generando controversia internacional.
Con información de Minuto Uno