La Justicia federal ordenó este jueves 15 allanamientos en el marco de una causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Nueve procedimientos se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires y seis en jurisdicciones bonaerenses, según confirmaron fuentes judiciales.
Los operativos, que no incluyeron detenciones, buscaron celulares, computadoras y documentación electrónica vinculada a una supuesta red de pedidos de sobornos a laboratorios proveedores del organismo.
La investigación se originó a partir de audios del exjefe de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los cuales mencionó una presunta operatoria irregular que involucraría a la Secretaría General de la Presidencia y al asesor Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente Javier Milei.
En las últimas horas, la causa escaló políticamente: la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de Karina Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, prevista para el próximo miércoles a las 14, con el objetivo de que brinden explicaciones sobre el manejo del organismo y las denuncias de corrupción.
Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con una auditoría interna en la ANDIS, centrada en las compras de medicamentos a distintas droguerías. Según fuentes oficiales, parte de las operaciones bajo investigación no figuran en los portales públicos y fueron ejecutadas sin trazabilidad administrativa del Ministerio de Salud.
“Ya entraron los primeros documentos para que podamos avanzar”, señalaron desde el Ejecutivo, en referencia a los archivos incautados durante el primer allanamiento. En la Casa Rosada reconocen que existen indicios de sobreprecios y evalúan reformar el esquema autárquico de contrataciones del organismo para que pase a depender directamente de la cartera sanitaria.
La Agencia Nacional de Discapacidad cuenta con 921 empleados y un presupuesto de 3,74 billones de pesos, destinando la mayor parte de sus recursos a seguridad social (3,1 billones), además de partidas para salud y asistencia social. El sumario interno podría extenderse hasta seis meses y sus resultados se conocerían después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
El caso Spagnuolo se convierte en un nuevo foco de conflicto político para el oficialismo, en medio de tensiones por los DNU del presidente Milei, presiones inflacionarias y causas judiciales que atraviesan al Gobierno.
con información de MoL