La nueva normativa busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, mediante la despenalización de la eutanasia en personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que padezcan enfermedades incurables e irreversibles, o sufrimientos físicos y psíquicos intolerables.
Antes de la votación, Beatriz Gelós, paciente de 71 años que convive con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace casi dos décadas, expresó su esperanza ante la inminente aprobación: “Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”.
Con la sanción definitiva, Uruguay se une a un pequeño grupo de países que reconocen el derecho a la eutanasia, entre los que figuran Canadá, España y los Países Bajos. En América Latina, Colombia y Ecuador también la despenalizaron, aunque mediante fallos judiciales y no por ley.
El texto aprobado establece requisitos estrictos: el solicitante debe ser mayor de edad, ciudadano o residente, y encontrarse psíquicamente apto al momento de expresar su voluntad. Además, deberá atravesar instancias médicas y legales previas antes de dejar constancia escrita de su decisión.
El debate parlamentario se desarrolló con tono respetuoso, aunque tras la votación se registraron protestas en las gradas por parte de grupos opositores, lo que obligó a la presidencia del Senado a ordenar el desalojo de la tribuna.
La base legal de la ley se apoya en los artículos 7°, 10 y 72 de la Constitución uruguaya, que garantizan la libertad de conciencia y el derecho a una vida digna. También cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y leyes nacionales como la Nº 18.335 (derechos de los pacientes) y la Nº 18.473 (voluntades anticipadas).
Desde el oficialismo, Daniel Borbonet destacó que el texto es “sólido y ofrece seguridad jurídica”, mientras que Pedro Bordaberry, desde la centroderecha, criticó que “promueve la muerte asistida”.
Entre los testimonios más conmovedores, la familia de Pablo Cánepa, un joven de 39 años con una enfermedad incurable, celebró la aprobación: “Pablo está agonizando hace años y la aprobación fue un verdadero alivio”, expresó su hermano.
Para la activista Florencia Salgueiro, cuya lucha comenzó tras la muerte de su padre afectado por ELA, la ley “respeta la voluntad del adulto de poner fin a su sufrimiento” y representa “una victoria de la empatía sobre el miedo”.
El Colegio Médico del Uruguay acompañó el proceso de redacción sin fijar postura institucional, aunque participó como órgano consultivo para garantizar que el texto ofreciera “máximas garantías para pacientes y profesionales”.
En tanto, la Iglesia Católica manifestó “tristeza” por la aprobación y reiteró su rechazo a la eutanasia, postura compartida por más de una decena de organizaciones civiles que calificaron la ley de “deficiente y peligrosa”.
Pese a ello, las encuestas reflejan un amplio respaldo social: según la consultora Cifra, un 63% de los uruguayos está a favor de la legalización, frente a un 24% que la rechaza.
Uruguay, fiel a su tradición reformista —con antecedentes como el matrimonio igualitario, la regulación del cannabis y la interrupción voluntaria del embarazo—, suma ahora una nueva ley que reaviva el debate regional sobre el derecho a morir con dignidad.
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