Los audios, revelados por Rolo Correa, un puntero del espacio que luego realizó la denuncia judicial, exponen una conversación en la que Pauli explica que necesita que los asesores le entreguen el monto completo del desarraigo, un beneficio destinado a cubrir traslados entre Río Grande y Ushuaia, aunque muchos de ellos no realizan esos viajes por trabajar de forma remota.
En la grabación, Pauli se muestra enfático:
“Yo voy a dar de baja todos los contratos y vamos a poner gente que cobre y nos pase el 100% del desarraigo, porque nos estamos endeudando con Miguel (Rodríguez, candidato actual). Estoy poniendo arriba de un millón y medio de pesos para bancar los gastos del partido”.
El diputado aclara que no solicita un porcentaje del sueldo, pero exige la entrega total del viático:
“El desarraigo no es sueldo. Lo demás es de ustedes. Nadie la está poniendo y así no se puede. En lugar de pedirles parte del contrato, les pedimos los viáticos que no están usando”.
Según los audios, el monto del desarraigo asciende a 496 mil pesos mensuales, cifra que Pauli reclama como aporte obligatorio. Además, amenaza con reemplazar a los empleados que no cumplan con la entrega del dinero.
Tras la conversación, Rolo Correa presentó una denuncia ante la Justicia y difundió los audios en medios fueguinos. En declaraciones a FM Fuego, apuntó contra otros dirigentes libertarios, como la legisladora Natalia Gracianía y el candidato Miguel Rodríguez, a quienes acusó de encubrir la maniobra.
“Confié en ellos, pero me mintieron. Esto no es una nueva forma de hacer política; es más de lo mismo”, expresó.
Correa aseguró que fue designado como asesor de Agustín Coto, aunque nunca recibió tareas ni realizó los traslados correspondientes:
“Nos pedía que el desarraigo no era para nosotros, sino para financiar alquileres y gastos del partido. Yo antes manejaba un Uber y esto me desilusionó completamente.”
El caso tiene un paralelismo parcial con lo ocurrido meses atrás en Misiones, donde afiliados del mismo espacio denunciaron al abogado Adrián Núñez, presidente provincial de La Libertad Avanza, por solicitar un porcentaje de los sueldos de empleados de PAMI y ANSES para financiar actividades partidarias.
En ese episodio —que no derivó en una condena judicial—, se presentó documentación que indicaba el pedido de un 10% de los salarios.
La Justicia fueguina investiga si los fondos exigidos por Pauli fueron efectivamente transferidos a estructuras partidarias y si se configura un delito de extorsión o defraudación al Estado, dado que el desarraigo es un viático financiado con recursos públicos.
Desde el entorno del diputado no hubo declaraciones oficiales hasta el momento. Sin embargo, allegados al espacio reconocieron “malestar interno” por la repercusión del caso, que vuelve a exponer tensiones dentro de La Libertad Avanza a pocos días de las elecciones legislativas nacionales.
con información de Bardeo News
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