En los decretos publicados en el Boletín Oficial (Decretos 759/2025 y 760/2025), el Ejecutivo argumenta que, en las condiciones actuales, la implementación de ambas leyes “solo podría llevarse adelante desfinanciando programas esenciales de salud” o afectando el equilibrio fiscal.
Una de las normas, la ley de financiamiento universitario (Ley 27.795), prevé la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las casas de estudio conforme a la inflación, además de la recomposición salarial del personal docente y no docente. La otra, la emergencia pediátrica (Ley 27.796), orientada a reforzar la infraestructura e insumos de la salud infantil, también incluye mejoras en el régimen de salarios y exenciones fiscales para el personal de guardias.
El retraso en la puesta en marcha generó un fuerte malestar en docentes universitarios y trabajadores de hospitales pediátricos, que denuncian la postergación reiterada de medidas aprobadas por el Congreso como parte de un patrón de incumplimiento.
Con información de Minuto Uno
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