El Gobierno nacional se presentó este miércoles ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, en la audiencia clave del litigio que lo enfrenta desde hace años por la expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF.
La causa se originó cuando, en 2012, el Estado argentino intervino y luego estatizó la petrolera YPF, hasta ese momento controlada por la española Repsol. Ante ello, dos firmas minoristas —Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management— demandaron al país ante tribunales estadounidenses por supuestas violaciones a sus derechos como accionistas. En septiembre de 2023, la jueza federal Loretta Preska dictó una sentencia que obliga a Argentina a abonar 16.100 millones de dólares, más intereses.
En esta nueva etapa, la defensa argentina sostiene que el fallo viola el principio de inmunidad soberana, ya que exige al Estado transferir activos o acciones desde su territorio a Estados Unidos, en contravención de su marco legal. También sostiene que el tribunal norteamericano no es competente para aplicar interpretaciones que obliguen a un Estado soberano a cumplir decisiones que afecten su política interna.
De obtener una confirmación adversa del fallo en esta instancia, las opciones del país se reducen a acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos o a buscar un acuerdo extrajudicial. En cambio, una reversión parcial o total podría alivianar la carga financiera que este caso representa para Argentina, en un contexto económico complejo.
Con información de Los primeros