“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia. Hoy tiene que recuperar la libertad”, informó el magistrado Rómer Saucedo, presidente del TSJ. La decisión marca un punto de inflexión en la política boliviana y anticipa el cambio de era que comenzará formalmente el próximo fin de semana con la asunción del nuevo mandatario, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Áñez permanecía detenida desde marzo de 2021, acusada de haber asumido la presidencia de manera irregular en noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales, quien abandonó el país tras una fuerte crisis política y denuncias de fraude electoral.
La ex mandataria, que entonces era senadora, ocupó el cargo tras la renuncia en cadena de las autoridades en la línea sucesoria, en medio del vacío institucional que siguió a la caída de Morales. Gobernó durante un año, hasta entregar el poder al actual presidente Luis Arce, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y delfín político de Morales.
“Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”, escribió Áñez en sus redes sociales antes de conocerse la resolución judicial.
Durante su detención, la ex presidenta fue considerada por la oposición y organizaciones internacionales como una presa política del gobierno del MAS. Compartió esa condición con Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y Marco Pumari, dirigente cívico de Potosí, ambos liberados en las últimas semanas.
La anulación de la condena y la liberación de Áñez ocurren a tres días del traspaso de mando presidencial, que pondrá fin a más de dos décadas de hegemonía del MAS. El nuevo gobierno de Paz promete “recomponer las instituciones y cerrar el ciclo de persecución política”.
El fallo del Supremo es interpretado por analistas bolivianos como una señal de apertura judicial y política en una transición que busca marcar distancia del oficialismo saliente.
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