“Nuestros ingresos quedaron muy por debajo de la inflación y varias universidades ya declararon la emergencia presupuestaria porque los fondos actuales no alcanzan para terminar el año”, señalaron los gremios en un comunicado conjunto.
En el marco de las discusiones por el Presupuesto 2026, los sindicatos denunciaron que las universidades públicas fueron excluidas de los aumentos otorgados recientemente a otros sectores, como discapacidad y emergencia pediátrica.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que el Gobierno no prevé incrementos salariales adicionales, afirmando que “no está previsto el aumento de salarios en la medida que lo solicitan los sindicatos”. Según un relevamiento de Conadu, la pérdida salarial real alcanza el 38,7% desde diciembre de 2023, mientras que los gastos de funcionamiento se redujeron un 33,4% en el mismo período.
El proyecto de Presupuesto 2026 plantea la derogación de leyes que establecen mínimos de inversión en educación y ciencia. En particular, elimina el piso del 6% del PBI destinado al sistema educativo y suprime la cláusula de progresividad en ciencia y tecnología, prevista para alcanzar el 1% del PBI en 2032.
Durante la defensa del presupuesto, Álvarez sostuvo que “la principal mentira es que se recortaron fondos” y aseguró que “todas las universidades recibieron financiamiento al 100% de sus actividades”. Además, destacó que “no cerró ninguna universidad”.
El proyecto incluye partidas por $1.000 millones para cada una de las cuatro universidades creadas en 2023 —Delta, Pilar, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo—, aunque diversos sectores advirtieron que ese monto es insuficiente para garantizar su funcionamiento.
La diputada Danya Tavela refutó los argumentos oficiales al señalar que “para 2026, el aumento previsto para docentes y no docentes promedia apenas el 9,5%, frente a una inflación proyectada del 10%”.
El conflicto universitario se mantiene abierto, y las próximas semanas serán claves para definir si el diálogo entre los gremios y el Gobierno logra destrabar el reclamo antes del cierre del año académico.
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