El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una ley que prohíbe el uso de lenguaje neutro en textos elaborados por órganos y entidades de la administración pública en todos los niveles del Estado. La medida forma parte de la nueva Política Nacional de Lenguaje Simple, publicada el 17 de noviembre en el Diario Oficial de la Unión.
La norma —identificada como ley Nº 15.263— establece que las comunicaciones formales del gobierno no podrán emplear “nuevas formas de flexión de género y número” distintas de las reconocidas por la gramática oficial, el Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) y el Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa vigente.
Qué dice la ley
El artículo 5º del texto es categórico: la administración pública no podrá usar expresiones como “todes” o “todxs”, alternativas surgidas como intento de neutralizar el género gramatical.
El lingüista Luiz Carlos Schwindt (UFRGS) explica que estas variaciones nacen como una “tentativa de uso inclusivo”, especialmente orientada a personas no binarias, pero no integran las reglas oficiales de la lengua.
El inciso XI del artículo 5º fija la prohibición de utilizar “nuevas formas de flexión de género y de número […] en contrariedad a las reglas gramaticales consolidadas” y a los acuerdos lingüísticos reconocidos.
Una política orientada a la claridad
Más allá de vetar el lenguaje neutro, la norma crea parámetros obligatorios para que las comunicaciones del Estado sean más simples, claras y accesibles. Entre las recomendaciones se encuentran:
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frases cortas;
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vocabulario común y comprensible;
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estructuras directas;
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foco en la comprensión ciudadana.
Asimismo, establece que en comunicaciones dirigidas a comunidades indígenas, además de la versión en portugués, deberá incluirse —“siempre que sea posible”— una versión en la lengua de destino.
Principios de la Política Nacional de Lenguaje Simple
La legislación fija como ejes:
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foco en el ciudadano;
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transparencia;
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facilitar el acceso a los servicios públicos;
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promover la participación ciudadana y el control social;
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mejorar la comunicación entre el Estado y la sociedad;
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garantizar el ejercicio pleno de derechos mediante información clara.
Con esta medida, el gobierno brasileño apunta a un estándar comunicacional más uniforme y comprensible, dejando atrás expresiones que no están reconocidas por la normativa oficial del portugués.