La norma —identificada como ley Nº 15.263— establece que las comunicaciones formales del gobierno no podrán emplear “nuevas formas de flexión de género y número” distintas de las reconocidas por la gramática oficial, el Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) y el Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa vigente.
El artículo 5º del texto es categórico: la administración pública no podrá usar expresiones como “todes” o “todxs”, alternativas surgidas como intento de neutralizar el género gramatical.
El lingüista Luiz Carlos Schwindt (UFRGS) explica que estas variaciones nacen como una “tentativa de uso inclusivo”, especialmente orientada a personas no binarias, pero no integran las reglas oficiales de la lengua.
El inciso XI del artículo 5º fija la prohibición de utilizar “nuevas formas de flexión de género y de número […] en contrariedad a las reglas gramaticales consolidadas” y a los acuerdos lingüísticos reconocidos.
Más allá de vetar el lenguaje neutro, la norma crea parámetros obligatorios para que las comunicaciones del Estado sean más simples, claras y accesibles. Entre las recomendaciones se encuentran:
frases cortas;
vocabulario común y comprensible;
estructuras directas;
foco en la comprensión ciudadana.
Asimismo, establece que en comunicaciones dirigidas a comunidades indígenas, además de la versión en portugués, deberá incluirse —“siempre que sea posible”— una versión en la lengua de destino.
La legislación fija como ejes:
foco en el ciudadano;
transparencia;
facilitar el acceso a los servicios públicos;
promover la participación ciudadana y el control social;
mejorar la comunicación entre el Estado y la sociedad;
garantizar el ejercicio pleno de derechos mediante información clara.
Con esta medida, el gobierno brasileño apunta a un estándar comunicacional más uniforme y comprensible, dejando atrás expresiones que no están reconocidas por la normativa oficial del portugués.
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