La medida llega en un contexto extremadamente crítico: solo en 2024 se registraron más de 156 denuncias diarias de violencia sexual contra menores, según datos de la Fundación Abrinq.
Con la nueva legislación, la pena máxima para estos delitos puede llegar a 40 años de prisión, convirtiéndose en uno de los castigos más severos dentro del sistema penal brasileño.
Abuso sexual de vulnerables: prisión de 10 a 18 años
Abuso con lesión corporal grave: de 12 a 24 años
Abuso con resultado de muerte: de 20 a 40 años
Corrupción de menores: de 6 a 14 años
Realizar actos sexuales en presencia de un menor de 14 años: de 5 a 12 años
Explotación sexual de menores: de 7 a 16 años
Difusión o venta de imágenes de abuso sexual: de 4 a 10 años
La norma también incorpora al Código Penal el delito de incumplimiento de medidas de protección urgente, con penas de 2 a 5 años de prisión, ampliando una protección que antes estaba limitada a la Ley Maria da Penha.
1. Colecta obligatoria de ADN
Todos los investigados y condenados por delitos sexuales deberán someterse a la toma obligatoria de material biológico para su identificación genética.
2. Medidas de protección más amplias e inmediatas
Los jueces podrán aplicar medidas como:
Suspensión del porte de armas
Afastamiento del hogar o del entorno de la víctima
Prohibición de acercamiento o contacto con víctima, familiares y testigos
Restricción o suspensión de visitas a menores
Estas disposiciones pueden incluir tobillera electrónica y dispositivos que alerten a la víctima si el agresor se acerca.
3. Nuevas reglas para la progresión de pena
Para acceder a un régimen más leve o a salidas transitorias, el condenado deberá aprobar un examen criminológico que demuestre ausencia de riesgo de reincidencia.
4. Monitoreo electrónico obligatorio
Todos los condenados por delitos sexuales y por violencia contra la mujer deberán usar monitoreo electrónico al salir del establecimiento penal, lo que permitirá un control más estricto del cumplimiento de la pena.
5. Ampliación del acompañamiento psicológico y médico
El Estatuto de la Niñez y Adolescencia y el Estatuto de la Persona con Discapacidad ahora garantizan apoyo psicológico, psiquiátrico y médico no solo a las víctimas, sino también a sus familias y cuidadores.
con información de Correio Do Povo
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