La causa judicial que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo avance: el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 citó a declaración indagatoria a 29 personas, entre ellas el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, en línea con el requerimiento presentado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. Las audiencias fueron programadas entre el 28 de abril y el 26 de mayo.
Entre los convocados aparecen además el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y el presunto lobbista de laboratorios y droguerías Miguel Ángel Calvete, junto a más de 20 empresarios vinculados a contrataciones bajo sospecha. Spagnuolo ya había sido procesado en un tramo previo del expediente.
Según la investigación, las maniobras habrían implicado salidas de fondos públicos por más de $75.000 millones en beneficio de un grupo reducido de proveedores. En ese marco, la Justicia también dispuso la inhibición general de bienes de los implicados y de empresas vinculadas, con el objetivo de preservar activos que podrían ser recuperados por el Estado en caso de comprobarse el desvío de recursos.
El expediente pone el foco sobre contrataciones de insumos médicos de alto costo, entre ellos prótesis, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas. Esos productos eran canalizados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad y sin cobertura médica específica.
Para la fiscalía, el programa habría sido utilizado como una plataforma para favorecer de manera sistemática a determinados proveedores, mediante filtración de información, direccionamiento de adjudicaciones y participación de empresarios en decisiones sensibles como precios, selección de adjudicatarios y contratación de personal. Tras varios meses de investigación, los fiscales sostienen que dentro de la ANDIS funcionó una estructura orientada a concentrar beneficios económicos privados por fuera de los principios de transparencia y control que rigen la administración pública.
con información de Ámbito