El Gobierno nacional enviará al Congreso este miércoles 22 de abril de 2026 un proyecto de reforma electoral que tiene como eje central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei a través de un mensaje publicado en X, antes de su regreso de la gira por Israel.
Según lo anticipado, la iniciativa también incluirá la reapertura del debate sobre Ficha Limpia, cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos y nuevas reglas para limitar la existencia de estructuras partidarias sin representación efectiva, conocidas en la jerga política como “sellos de goma”.
Uno de los argumentos centrales del oficialismo para avanzar contra las PASO es el costo fiscal del sistema. De acuerdo con lo difundido en la previa del envío del proyecto, en la Casa Rosada sostienen que el Estado no debe financiar internas partidarias y recuerdan que las primarias de 2023 demandaron un gasto de 45 mil millones de pesos.
En paralelo, la reforma buscará modificar el esquema de financiamiento político. Entre los cambios previstos figura la posibilidad de habilitar aportes regulados y trazables de personas y empresas, con el objetivo declarado de transparentar los fondos de campaña y reducir la incidencia de circuitos ilegales de financiamiento.
Otro de los puntos que impulsa el Ejecutivo es el endurecimiento de las condiciones para la creación y supervivencia de los partidos políticos. La propuesta apunta a elevar los pisos de afiliación exigidos para obtener reconocimiento legal y también a subir los umbrales de votos necesarios para conservar la personería electoral.
La iniciativa además prevé eliminar el régimen de espacios cedidos durante la campaña, es decir, el sistema por el cual los medios deben otorgar espacios gratuitos para publicidad electoral. El Gobierno considera que ese mecanismo funciona como una forma de subsidio indirecto y plantea suprimirlo dentro del nuevo esquema.
En el paquete también reaparece Ficha Limpia, proyecto que busca impedir que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos puedan competir en elecciones o acceder a cargos dentro de la administración pública. El oficialismo resolvió incorporarlo a la reforma política como uno de sus ejes de mayor impacto institucional.
Por último, el texto incluirá la eliminación del financiamiento para los representantes del Parlamento del Mercosur. En la visión de la Casa Rosada, se trata de una estructura sin impacto directo en la resolución de los problemas cotidianos de la población, por lo que no justifica seguir sosteniéndola con recursos públicos.
Pese al impulso del Ejecutivo, el anuncio ya abrió diferencias en el escenario político. El principal foco de debate pasa por la eliminación de las PASO de cara al próximo calendario electoral, un punto sobre el que todavía no existe consenso pleno ni siquiera entre bloques que suelen acompañar al oficialismo.