El Gobierno nacional oficializó una nueva reestructuración del Ministerio de Seguridad Nacional mediante el Decreto 327/2026, publicado este viernes 8 de mayo en el Boletín Oficial. La medida modifica el Decreto 50/2019 y actualiza la organización interna de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.
Según el texto oficial, los cambios buscan adecuar los objetivos de distintas secretarías y subsecretarías para mejorar la gestión de las competencias asignadas al ministerio. La nueva estructura incluye áreas vinculadas a asuntos penitenciarios, articulación federal, fortalecimiento institucional, seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.
Entre las principales modificaciones, el Ejecutivo incorporó la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional, que tendrá bajo su órbita tareas relacionadas con la formación, el desarrollo profesional, el ingreso y la carrera del personal de las fuerzas federales.
La reforma también redefine el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Nacional, junto con las subsecretarías de Intervención Federal y Despliegue Territorial, áreas claves para la coordinación operativa en el territorio y el vínculo con provincias.
Otro de los puntos centrales es el refuerzo de la estructura penitenciaria. El nuevo esquema incorpora dependencias destinadas a la modernización del sistema carcelario, la planificación de infraestructura penitenciaria, la asistencia de personas bajo vigilancia electrónica y los programas de reinserción social.
Además, el decreto sumó nuevos objetivos para la Secretaría de Coordinación Administrativa, especialmente vinculados al bienestar del personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales, incluyendo la atención de la salud física y mental de los agentes y sus grupos familiares.
En materia internacional, la normativa también actualiza funciones de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, con foco en la representación del ministerio ante organismos especializados en narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
El decreto establece que los cambios entran en vigencia desde el día de su dictado y que el gasto será cubierto con los créditos ya asignados al Ministerio de Seguridad Nacional.