Productores, tareferos, cooperativistas y técnicos vinculados a la actividad yerbatera participaron este jueves de una reunión informativa en la Cámara de Diputados de la Nación, donde expusieron la crisis que atraviesa el sector tras la desregulación impulsada por el DNU 70/23.
Durante la jornada, referentes de distintos puntos de Misiones coincidieron en señalar una fuerte caída del precio de la hoja verde, aumento de costos, falta de controles y deterioro social en las zonas productivas.
Uno de los primeros en tomar la palabra fue Ángel Ozeñuk, referente yerbatero de la zona norte, quien comparó la situación actual con la registrada en 2023. “En abril de 2023 la hoja verde valía 400 pesos puesta en secadero y el gasoil costaba 190 pesos. Hoy el productor necesita 11,5 kilos de yerba para comprar un litro de gasoil. Antes necesitaba dos”, afirmó.
Además, recordó el largo proceso productivo de la yerba mate y remarcó que una planta tarda alrededor de cinco años en llegar al punto de cosecha. “Todo eso tenemos que aguantar para ver si nos pagan un precio justo”, sostuvo.
La secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, Ana Rosa Cubilla, describió la situación crítica que atraviesan los tareferos y denunció una fuerte precarización laboral.
“Nos estamos yendo todos del país. Se destruye la familia. Tenemos chicos que dejaron la secundaria para ir a tarefear con lo poco que están pagando”, expresó. Según indicó, aunque la paritaria establece un valor de 79 mil pesos por tonelada cosechada, actualmente se pagan entre 50 y 55 mil pesos.
También expuso la productora Luisa Fleitas, quien cuestionó declaraciones del presidente del INYM, Rodrigo Correa, sobre los precios diferenciados según calidad de producción. “Las cooperativas pagan 380 pesos, pero al productor común le pagan 220 o 260 pesos y en cuotas de hasta 120 días”, señaló.
En la misma línea, el ingeniero agrónomo y exdirector del INYM, Denis Bocher, cuestionó la falta de medidas concretas para sostener la actividad y propuso avanzar en mayores controles, estampillas digitales y mecanismos transparentes de formación de precios.
Las críticas más duras estuvieron dirigidas al DNU 70/23 impulsado por el gobierno de Javier Milei. Hugo Sand, integrante de APAM, pidió declarar la inconstitucionalidad de la medida y cuestionó el impacto económico y social sobre los pequeños productores.
Por su parte, Edgardo Hein, presidente de la Federación de Economías Agrícolas de Misiones, defendió la necesidad de regulación dentro de la cadena yerbatera. “No es solo fijar precios. Es generar mecanismos para equilibrar la oferta y la demanda y proteger el tejido social”, afirmó.
El productor Luis Andruczyszyn aseguró que la desregulación provocó un derrumbe inmediato de los valores pagados al productor. “En dos semanas el precio cayó un 70%. Fue una emboscada para nosotros”, lanzó. También denunció un crecimiento de pagos diferidos y cheques sin fondo.
La reunión también incluyó testimonios de mujeres rurales. Susana Cuadra, productora de Colonia Itatí, destacó el rol invisibilizado de las familias yerbateras y llamó a recuperar una mirada territorial sobre la crisis.
El encuentro se realizó en medio de un escenario de creciente conflictividad en la actividad yerbatera, marcado por la caída de precios, endeudamiento y migración de trabajadores hacia Brasil.
con información de Misiones On Line