La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó un recurso extraordinario presentado por Burford Capital, principal demandante contra Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. La decisión representa un nuevo respaldo judicial para el país y debilita la estrategia del fondo litigante, que reclamaba una indemnización multimillonaria.
Burford había obtenido en primera instancia un fallo favorable de la jueza Loretta Preska, que obligaba a Argentina a pagar cerca de USD 18 mil millones. Sin embargo, en marzo de este año recibió un revés clave cuando la Cámara revisó parte de la sentencia y dejó al fondo en una posición mucho más complicada dentro de una disputa judicial que ya supera la década.
El estudio inglés, que cotiza en las bolsas de Nueva York y Londres, buscó que el caso fuera revisado por el pleno de la Cámara y no solamente por los tres jueces que habían fallado en su contra: Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson.
En una resolución breve firmada por la secretaria del tribunal, Catherine O’Hagan Wolfe, la Cámara rechazó la apelación “en banc”, un mecanismo excepcional que solo se habilita en casos de alta relevancia institucional o jurídica.
Con esta decisión, a Burford solo le queda la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos y eventualmente avanzar ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial para disputas de inversión.
El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler explicó en redes sociales que “tras esta decisión, Burford tiene 90 días para intentar el último recurso disponible en EEUU: un pedido de revisión a la Corte Suprema”, aunque sostuvo que las posibilidades de éxito serían mínimas.
Desde YPF también celebraron la resolución. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, afirmó que el fallo “permite consolidar el Plan 4×4, impulsar exportaciones y posicionar a Argentina como proveedor confiable de energía”. Además, destacó que la decisión evita un pago estimado en USD 16 mil millones más intereses.
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo que el fallo representa “un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina” y lo calificó como “un hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional”.
El impacto también se sintió en los mercados. Las acciones de Burford Capital se desplomaron más de 43% luego de conocerse la resolución judicial, reduciendo significativamente la valuación de la firma.
En el análisis jurídico, la Cámara aplicó la legislación argentina y concluyó que la Ley de Expropiación aprobada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner prevalece sobre el estatuto societario de YPF. Los jueces señalaron además que los reclamos de los accionistas “no son admisibles conforme al derecho argentino”.